En esta cronología presentamos los principales hitos de la historia electoral en Bolivia, prestando especial atención, por ahora, de los procesos electorales de alcance nacional.
Created by gobdemocratica on Aug 12, 2011
Last updated: 12/06/11 at 01:45 PM
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El proceso electoral de diciembre de 2009 se realizó con un nuevo Padrón Biométrico. Uno de los objetos de mayor disputa antes de la promulgación de la Ley del Régimen Electoral Transitorio y la realización de las elecciones fue la adopción de criterios biométricos en el Padrón Electoral. Esta acción fue encomendad al organismo electoral y resultado de ello es que hoy se cuenta con un Padrón Electoral de 4.970.458 votantes.
Uno de los cambios más importantes introducidos al sistema electoral boliviano a partir de la Constitución Política del Estado promulgada en 2009 fue la “segunda vuelta electoral”, que se manifiesta formalmente en el artículo 166° del texto constitucional, el mismo que señala que será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% + 1 de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos, con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura. En caso de que no se genere ninguna de estas opciones, el texto constitucional permite la realización de una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior; una vez realizada esta segunda vuelta electoral, será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura que haya obtenido la mayor cantidad de votos (mayoría simple).
Contexto: A principios de 2009 se realizó el referéndum que aprobó la Constitución Política del Estado. El proceso que llevó a la redacción y aprobación de la Constitución fue tenso y conflictivo y tomó más tiempo que el inicialmente previsto. La Asamblea Constituyente sufrió varios tropiezos. El proyecto de Constitución, que debió concluirse en agosto de 2007, fue modificado en el Parlamento en octubre de 2008 y presentado a referéndum el 25 de enero de 2009, Resultando aprobado por 61,4% de los votos válidos. La Constitución fue promulgada el 7 de febrero de 2009. Sus dos primeras disposiciones transitorias imponían al Congreso la obligación de emitir, en un plazo de 60 días, una nueva legislación electoral para realizar Elecciones Generales el 6 de diciembre de 2009, y departamentales y locales en abril de 2010. En el caso de las Elecciones Generales, junto al carácter urgente establecido por el plazo, se plantearon dos problemas que los parlamentarios debían resolver: hacer efectivos los postulados plurinacionales de la Constitución e implementar un nuevo padrón de electores, con criterios de identificación biométricos. La Constitución creó las circunscripciones especiales indígena originario campesinas para designar a algunos miembros de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la Constitución no se especifica cuántas deberían ser esas circunscripciones ni cómo debería elegirse a sus diputados. La opción más extrema consistía en crear 36 circunscripciones, una por cada pueblo indígena, y elegir a los representantes de acuerdo con usos y costumbres. En nombre del principio de “un ciudadano, un voto”, la oposición condenaba esa posibilidad. Tras varias semanas de discusión, el acuerdo final al que llegó el Congreso fue crear siete circunscripciones especiales uninominales, en las que se elegiría a los diputados por voto individual y secreto, candidatos propuestos por partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. El número de diputados de circunscripción plurinominal departamental fue reducido en esa cantidad y se mantuvo el total de 130 diputados (70 uninominales, siete especiales 53 plurinominales). Una de las posturas más riesgosas adoptadas por algunos políticos de oposición fue intentar deslegitimar las elecciones desde el principio, insinuando que todos los procesos llevados a cabo desde 2006 habían acusado algún nivel de fraude; consideraban que, al carecer de controles biométricos, el Padrón Electoral era manipulable. La oposición condicionó la aprobación de la Ley del Régimen Electoral Transitorio a la adopción de un nuevo padrón con controles biométricos. El desafío de implementar el mismo en el breve tiempo que quedaba entre la aprobación de la Ley y la realización de las elecciones parecía difícil de encarar. Candidatos y resultados: En las Elecciones de 2009 se presentaron ocho candidaturas. Durante los meses previos a la inscripción de fuerzas políticas la oposición discutió la posibilidad de presentar una candidatura única frente al partido de gobierno. La anterior legislación desincentivaba la coordinación previa a las elecciones y la favorecía una vez elegidos los legisladores. Generalmente cada partido con posibilidad de obtener bancas congresales prefería presentarse a las elecciones individualmente y hacer acuerdos posteriormente. Estos acuerdos eran favorecidos por el hecho de que el Congreso solía decidir quién se haría cargo del gobierno, ya que antes de 2005 ningún partido había obtenido más de la mitad de los votos válidos en Elecciones Generales. Tras alguna precandidaturas frustradas (más de un personaje político y mediático fue efímero “candidato a candidato”), se observaron algunos hechos inusitados: en PPB-CN se incluyó como candidato vicepresidencial a Leopoldo Fernández, ex prefecto de Pando recluido en la cárcel de San Pedro; por primera vez en todo el periodo democrático el MNR no presentó candidatura (su primera candidatura había sido en 1947). El resultado dio la mayoría absoluta a la candidatura del MAS, con una proporción superior a la de las Elecciones de 2005. La asignación de bancas en el legislativo dio al MAS más de dos tercios en ambas cámaras.
La promulgación de la Constitución el 7 de febrero de 2009 dio a lugar a cambios en los procesos electorales en el país. Las dos primeras disposiciones transitorias imponían al Congreso la obligación de emitir, en un plazo de 60 días, una nueva legislación electoral para realizar elecciones generales el 6 de diciembre de 2009 y, elecciones departamentales y municipales en abril de 2010. Para las elecciones generales se plantearon dos problemas a resolver: hacer efectivos los postulados plurinacionales del texto constitucional e implementar un nuevo padrón electoral, con criterios de identificación biométricos. La Constitución creó circunscripciones especiales indígena originario campesinas para designar algunos miembros de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aunque no especificaba cuántas debían ser éstas ni cómo debían elegirse a sus representantes. Tras varias semanas de discusión, el acuerdo final al que llegó el entonces Congreso fue crear siete circunscripciones especiales uninominales, en las que se elegiría a los diputados por voto individual y secreto. Otras novedades introducidas al sistema electoral fueron: la posibilidad de reelección presidencial (que no se daba desde 1964), el voto de los ciudadanos residentes en el exterior y la inclusión de la segunda vuelta electoral.
Contexto: Dos leyes promulgadas durante el Gobierno de Eduardo Rodríguez, que sucedió al de Mesa y precedió al de Evo Morales, habían establecido el 2 de julio de 2006 como la fecha para la elección de constituyentes y la realización simultánea del Referéndum sobre Autonomías Departamentales. En función de esa fecha (y sin tomar en cuenta la posibilidad o necesidad de un período preconstituyente), el presidente Morales asumió en su primer discurso el compromiso de inaugurar la Asamblea el próximo día de aniversario patrio, el 6 de agosto de 2006, en la ciudad de Sucre (las leyes de Rodríguez no establecían la fecha de inicio de la Asamblea; más bien preveían la posibilidad de inaugurarla varios meses después de la Elección de Constituyentes). La inauguración dependía de un acuerdo parlamentario que diseñara una Ley de Convocatoria de consenso. El lunes 6 de marzo de 2006, las primeras planas de los periódicos bolivianos expresaban sin reservas su optimismo debido a la aprobación unánime de las leyes de convocatoria para la Asamblea Constituyente y el Referéndum para las Autonomías Departamentales en el Parlamento. Algunos encabezados eran particularmente alentadores: “El Congreso da al país un ejemplo de concertación” (El Deber); “En camino refundación del país” (El Diario); “El país tiene Constituyente y Referéndum Autonómico” (La Razón). Después de una ardua negociación, la oposición y el oficialismo habían llegado a un acuerdo que satisfacía por igual a los dos bloques. La Ley Especial de Convocatoria de la Asamblea Constituyente y la del Referéndum sobre Autonomías Departamentales fueron promulgadas ese mismo 6 de marzo. Aunque se habían presentado varias propuestas de representación y forma de voto para la Elección de Constituyentes (que incluían la representación corporativa definida por usos y costumbres, sea por sindicato o por pueblo indígena), la Ley de Convocatoria (Ley Nº 3364, de 6 de marzo de 2006) optó por la representación territorial y la prescripción de “un ciudadano, un voto”. Se emplearon las 70 circunscripciones electorales que en la anterior elección fueron la base para la elección de diputados “uninominales”. Cada circunscripción elegía a tres representantes; además, cada uno de los nueve departamentos elegía a cinco, haciendo un total de 255 constituyentes. La fórmula electoral (dos escaños por mayoría y uno por minoría, en las circunscripciones; tres para la primera fuerza y uno para cada una dos fuerzas siguientes, en los departamentos) impedía que ninguna fuerza política obtuviera los dos tercios de los votos necesarios para aprobar la constitución sin negociar con otras. Las leyes aprobadas el 6 de marzo establecían tres límites a la Asamblea: la necesidad de aprobar el nuevo texto constitucional por dos tercios de los votos de los asambleístas, la imposibilidad de extender las deliberaciones más allá del 6 de agosto de 2007 y el respeto del resultado del Referéndum sobre Autonomías Departamentales. El 2 de julio se llevaron a cabo la elección de constituyentes y el Referéndum Autonómico. La participación superó el 83% de los inscritos. El MAS alcanzó la mayoría absoluta, pero no llegó —ni juntando los votos de las agrupaciones y partidos pequeños que podrían apoyar sus propuestas— a los dos tercios en número de constituyentes. Resultados: En relación con la composición de la Asamblea, un examen temprano señalaba: “Según las noticias, de las 255 personas elegidas el 67% son hombres y 33% mujeres. El 80% son menores de 50 años, mientras que el restante 20% está en el rango de entre los 50 y 70 años, se trata, pues, de un grupo más bien joven. En cuanto a sus ocupaciones, hay 58 abogados, 17 maestros, 17 agricultores, 7 estudiantes, 4 transportistas, 8 académicos y 73 sindicalistas, entre otras ocupaciones y ejercicios”. El rasgo más notable de los Constituyentes era que la mayoría de ellos eran “desconocidos” en la política (Ruiz 2006). La Asamblea Constituyente tendría un curso tortuoso. Fue un escenario frágil porque no había una garantía de concluir la redacción de una nueva Constitución en un año, porque la necesidad de aprobar el texto por dos tercios de los asambleístas la hacía vulnerable frente a bloqueos y porque, al no haberse establecido reglas claras en un periodo preconstituyente, las decisiones que debían tomarse excedían en contenido y cantidad lo relacionado estrictamente con los artículos de la nueva Constitución.
Dos leyes promulgadas durante el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, que sucedió a Carlos Mesa, habían establecido el 2 de julio de 2006 como la fecha para la elección de constituyentes y la realización simultánea del Referéndum sobre Autonomías Departamentales. El lunes 6 de marzo de 2006, después de una ardua negociación, la oposición y el oficialismo habían llegado a un acuerdo que satisfacía a los dos bloques, lo que dio paso a la promulgación de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y la Ley del Referéndum sobre Autonomías Departamentales. La Ley de Convocatoria optó por la representación territorial y la prescripción de “un ciudadano, un voto”. Se emplearon las 70 circunscripciones electorales que en la pasada elección fueron la base para elegir diputaciones uninominales. Cada circunscripción elegía a tres representantes; además, cada uno de los nueve departamentos elegía a cinco, haciendo un total de 255 asambleístas. La fórmula electoral (dos escaños por mayoría y uno por minoría en las circunscripciones y; tres para la primera fuerza y uno para cada una de las dos fuerzas siguientes en los departamentos) impedía que alguna fuerza política obtuviera los dos tercios de votos necesarios para aprobar la Constitución sin tener que negociar con otras fuerzas políticas.
En el proceso electoral de 2005 se eligieron a prefectos departamentales por voto directo, pues antes su designación era una prerrogativa presidencial, esta elección se la realizó reconociendo de hecho una descentralización política aunque no se modificaron las atribuciones ni las competencias de los prefectos, que formalmente permanecían subordinados al Presidente de la República. Por otro lado, de acuerdo al Decreto Supremo N°28429 de 1 de noviembre de 2005, se modificó el número de circunscripciones uninominales y la asignación de diputaciones a los departamentos, la misma que quedó de la siguiente manera: La Paz: 29 diputaciones Santa Cruz: 25 diputaciones Cochabamba: 19 diputaciones Potosí: 19 diputaciones Chuquisaca: 11 diputaciones Oruro: 9 diputaciones Tarija: 9 diputaciones Beni: 9 diputaciones Pando: 5 diputaciones Según esta nueva distribución de escaños, los departamentos que perdieron diputados fueron: La Paz (1 uninominal y 1 plurinominal), Potosí (1 plurinominal) y Oruro (1 plurinominal). En cambio, ganaron Santa Cruz (2 uninominales y 1 plurinominal) y Cochabamba (1 uninominal). Finalmente, en este proceso electoral, por primera vez desde los años 60 (en los que había fundadas sospechas de fraude) un candidato logró la mayoría absoluta de votos: Evo Morales llegó a 53,7% de los votos válidos, llegando así a la presidencia de la República.
Contexto: El gobierno elegido en 2002 debía durar hasta 2007. Sin embargo, la crisis política estalló en 2003. En febrero de ese año ocurrió el más ominoso enfrentamiento armado desde la recuperación de la democracia. La protesta contra un proyecto de impuesto al salario que pretendía aprobar el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada derivó en un combate entre policías y militares escenificado en la Plaza Murillo, donde se ubican los palacios Legislativo y de Gobierno. Con la “Guerra del agua” de 2000 y la “insurrección electoral” de 2002 se había sobrepasado la mediación partidaria, se habían identificado bienes comunes que no deberían ser afectados por las privatizaciones y se había manifestado el rechazo frente a la intromisión extranjera. En esta ocasión, con el “febrero negro”, el núcleo represivo del Estado exponía abiertamente su fragilidad. En octubre del mismo año la resistencia social frente a la política de exportación de hidrocarburos, que impulsaba el gobierno, se condensó en una serie de protestas y represión que concluyó con la renuncia del entonces presidente Sánchez de Lozada. Luego de una semana sangrienta que costó alrededor de 70 vidas, las protestas cambiaron la orientación de la política energética —que entonces privatizaba de hecho los hidrocarburos— e impusieron la “Agenda de octubre” (que incluía un referéndum vinculante para una nueva Ley Hidrocarburos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente). El vicepresidente Carlos Mesa asumió el cargo abandonado por Sánchez de Lozada y se comprometió a llevar adelante la “Agenda de octubre”. Durante algo más de un año, el gobierno tuvo estabilidad. Se reformó la Constitución, abriendo vías nuevas para la participación electoral: el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la Asamblea Constituyente y la posibilidad de formar candidaturas sin partidos, a través de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. A principios de 2005 la presión del movimiento cívico de Santa Cruz consiguió del gobierno el compromiso de realización de un nuevo Referéndum sobre las Autonomías Departamentales y la elección directa de Prefectos (hasta entonces designados por el Presidente). Simultáneamente, nuevas movilizaciones sobre los servicios básicos y sobre la legislación de hidrocarburos pusieron en evidencia el deterioro de la estabilidad del gobierno. El presidente Carlos Mesa renunció y en junio de 2005 el presidente de la Corte Suprema de Justica tuvo que asumir la presidencia de la República con la obligación de convocar a elecciones en el lapso de 180 días. Tuvo que reformarse el Art. 93° de la Constitución Política del Estado, para poder iniciar un nuevo periodo de gobierno (el artículo mencionado se refería solamente a la elección de Presidente y Vicepresidente y no a la de Parlamentarios) y restaurar la legitimidad del régimen. El nuevo texto es el siguiente: Art. 93°. III. Cuando la Presidencia y Vicepresidencia de la República queden vacantes harán sus veces el Presidente del Senado y en su defecto, el Presidente de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia, enestricta prelación. En este último caso se convocará de inmediato a nuevas elecciones generales que serán realizadas dentro de los siguientes ciento ochenta días de emitirse la convocatoria (Ley Nº 3989 de 6 de julio de 2005). La modificación de este artículo fue parte de un acuerdo político para viabilizar las elecciones. Los partidos se comprometieron a no interponer recursos legales que entorpecieran su realización. El plazo era un asunto crucial, ya que el Presidente había anunciado que dejaría la presidencia aun sin haberse llevado a cabo las elecciones. Esa situación conducía al sistema democrático a sus límites legales. A pesar de este compromiso, algunos parlamentarios interpusieron recursos porque supuestamente se vulneraban sus derechos al acortar el periodo de su mandato. Otros reclamaron la modificación de la asignación de diputaciones a los departamentos, en función del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, que no se había tomado en cuenta en las Elecciones de 2002. Este último recurso fue admitido y declarado procedente por el Tribunal Constitucional, lo cual puso en riesgo las elecciones, que se postergaron del 4 al 18 de diciembre. La asignación de diputaciones y la delimitación de las circunscripciones fueron modificadas. De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 28429, de 1 de noviembre de 2005, se modificó el número de circunscripciones uninominales y la asignación de diputaciones a los departamentos: Art. 2°. Redistribución. De conformidad al Artículo 60°, Parágrafos I, II y VI de la Constitución Política del Estado, se dispone la siguiente redistribución de escaños parlamentarios que tienen los Departamentos en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, en base a los principios de población y equidad: La Paz 29 Santa Cruz 25 Cochabamba 19 Potosí 14 Chuquisaca 11 Oruro 9 Taija 9 Beni 9 Pando 5 Según esta nueva distribución de escaños, los departamentos que perdieron diputados fueron: La Paz (un diputado uninominal y un plurinominal); Potosí (un diputado plurinominal), y Oruro (un plurinominal). En cambio, ganaron Santa Cruz (dos uninominales y un plurinominal) y Cochabamba (un uninominal). La modalidad de voto no cambió, aunque sí la de candidatura, por la presencia de las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Como se hicieron simultáneamente las Elecciones de Prefecto, los ciudadanos debían emitir tres votos en dos papeletas (en una papeleta, un voto para presidente, vicepresidente, senadores y diputados departamentales, en la franja superior, y, en la franja inferior, un voto para diputados en circunscripciones uninominales; en la otra papeleta, un voto para elegir al prefecto departamental). Candidatos y resultados: Solamente ocho fuerzas políticas presentaron candidatura en las Elecciones de 2005. Estas elecciones cerraron definitivamente la etapa de los pactos postelectorales. Por primera vez desde los años 60 (en los que había fundadas sospechas de fraude), un candidato logró la mayoría absoluta: Evo Morales llegó a 53,7% de los votos válidos.
El año 2003 se dio lugar una crisis política que se inició en febrero de ese año donde se dio un enfrentamiento armado entre policías y militares a partir del rechazo de los primeros a un proyecto de impuesto al salario que pretendía aprobar el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta crisis se agudizó en octubre a partir de la resistencia social frente a la política exportación de hidrocarburos que impulsaba el gobierno, hecho que se tradujo en una serie de protestas y represión que provocaron la renuncia del presidente e impusieron la denominada “Agenda de Octubre” (que incluía un referéndum vinculante para una nueva Ley de Hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente). Ante la renuncia, asumió la presidencia Carlos Mesa, quien se comprometió a llevar adelante dicha Agenda; a partir de la reforma de la Constitución, se abrieron nuevos canales para la participación política de la sociedad: el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la Asamblea Constituyente y la posibilidad de formar candidaturas sin partidos políticos, a través de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. A su vez, a principios del año 2005, la presión del movimiento cívico de Santa Cruz consiguió del gobierno el compromiso de realización de un nuevo Referéndum sobre Autonomías Departamentales y la elección directa de prefectos. Nuevas movilizaciones sociales pusieron en evidencia el deterioro de la estabilidad del gobierno y en junio de 2005 Carlos Mesa renunció a la presidencia y asumió la misma el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, con la obligación de convocar a elecciones generales en el lapso de 180 días.
Contexto: Estas Elecciones Generales se realizaron con el Código Electoral consolidado en 1999. Fueron las últimas elecciones del período de la “democracia pactada”. Hay algunos elementos contextuales que deben resaltarse. En primer lugar, la Embajada estadounidense “devolvió la visa” a Jaime Paz Zamora (se la había retirado en 1994 como consecuencia de los llamados narcovínculos), habilitando implícitamente su candidatura y garantizando la continuidad electoral del MIR, uno de los partidos más importantes de la “democracia pactada”. En segundo lugar, durante casi todo el período preelectoral las encuestas daban el primer lugar a NFR, un partido que, aunque no se distanciaba claramente de los “partidos tradicionales”, cuestionaba discursivamente el credo neoliberal. En tercer lugar, otra intervención del embajador estadounidense probablemente dio impulso a un partido “antineoliberal”, el MAS de Evo Morales. Finalmente, el partido de Hugo Banzer, que había fallecido meses antes de la elección, salía del gobierno y mostraba una clara debilidad y la falta de un líder con presencia nacional. Por su parte, desde 2000, varias organizaciones sociales populares habían realizado vigorosas protestas contra la privatización y contra la “clase política”. La demanda de realización de una Asamblea Constituyente también formaba parte de ese conjunto de movilizaciones. Durante la campaña electoral misma los grupos indígenas realizaron una marcha demandando que se incluya la posibilidad de una Asamblea Constituyente en la reforma constitucional que se discutía en el Congreso. El ascenso indígena, la defensa de los recursos naturales, el rechazo frente al neoliberalismo y a la “clase política” y las medidas de emergencia para dar continuidad a la “democracia pactada” (la habilitación de Paz Zamora), configuraban un escenario distinto. Además, la confirmación de la existencia de reservas de gas natural imponía al gobierno elegido la necesidad de decidir sobre su exportación. Este asunto tendría importancia decisiva en el curso de la política posterior. Candidatos y resultados: El MAS-IPSP se presentó por primera vez como tal a las Elecciones Generales. Su anterior experiencia electoral —en las Elecciones Municipales de 1999— se había llevado a cabo con el nombre de Movimiento Al Socialismo-Unzaguista, MAS-U. En 2002 ya se trató del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. También NFR se presentó por primera vez de manera independiente (en 1997 había compartido la candidatura con ADN). Retornó Gonzalo Sánchez de Lozada, incluyendo como candidato vicepresidencial al periodista Carlos Mesa. ADN y CONDEPA se presentaron sin sus líderes “históricos”. En junio de 2002 se dio la denominada “insurrección electoral” del movimiento campesino e indígena representado por el MAS y, en menor medida, por el MIP. Tres días antes de las elecciones una desafortunada declaración del embajador estadounidense, Manuel Rocha, condicionó la ayuda económica norteamericana al resultado de las elecciones; si los bolivianos votaban por el MAS, la continuidad de la “ayuda” corría riesgos: “Quiero recordarles que si eligen a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína, pondrán en peligro el futuro de la ayuda de los Estados Unidos” (El Diario, 27.6.02). Esta declaración contribuyó probablemente a incrementar el caudal electoral masista. Por primera vez desde 1980 un partido de izquierda lograba una votación importante. En la práctica, entre 1985 y 2002 la división entre izquierda y derecha careció de sentido en los análisis electorales en Bolivia, ya que los partidos más importantes suscribían los mismos principios económicos y políticos y los que llegaban al gobierno se limitaban a “administrar el modelo” o a profundizarlo con reformas en la gestión pública, privatización, descentralización o multiculturalismo. El hecho de que un partido con un discurso y un programa distinto lograra una representación notable en el Congreso fue el inicio del fin de la “democracia pactada”. Siendo segundo y teniendo el derecho de optar por la presidencia, el MAS decidió no hacer acuerdos postelectorales. Ello redujo las posibilidades de pacto a tres partidos, uno de los cuales (NFR) había sufrido serios ataques por parte del MNR en la campaña electoral. Con esa reducción de incentivos para participar en un pacto se formó una coalición muy frágil (MNR-MBL y MIR) que si bien tenía la mayoría absoluta en el conjunto del Congreso, no la tenía en la Cámara de Diputados (alcanzaba solamente un 47%). Las Elecciones de 2002 expresaron el escaso apego de la población hacia los partidos políticos. No solamente hubo cambios en la orientación de los electores en relación con los procesos electorales anteriores sino que las encuestas que se ejecutaron durante la campaña mostraron cambios en las preferencias de los electores en los meses previos a la elección.
El proceso electoral de 2002 fue realizado bajo las disposiciones establecidas en el Código Electoral consolidado de 1999. Entre los elementos contextuales que se pueden resaltar se encuentran: 1) la devolución de la visa a Jaime Paz Zamora que los habilitaba implícitamente a candidatear y garantizar la continuidad electoral del MIR; 2) durante casi todo el periodo preelectoral las encuestas daban el primer lugar a Nueva Fuerza Republicana (NFR) con un discurso que cuestionaba al credo neoliberal; 3) la intervención del embajador estadounidense probablemente dio impulso a un partido “antineoliberal”, el MAS de Evo Morales y; 4) el partido de Hugo Bánzer, fallecido meses antes de la elección, salía del gobierno y mostraba una clara debilidad y la falta de un líder con presencia nacional. Se denominó esta etapa como “insurrección electoral” del movimiento campesino e indígena debido al caudal de votación obtenida, principalmente, por el MAS y, en menor medida, el MIP. Por primera vez desde 1980 un partido de izquierda lograba una votación importante. En la práctica, entre 1985 y 2002 la división entre izquierda y derecha careció de sentido en los análisis electorales en Bolivia, ya que los partidos más importantes suscribían los mismos principios económicos y políticos y los que llegaban al gobierno se limitaban a “administrar el modelo” o a profundizarlo con reformas en la gestión pública, privatización, descentralización o multiculturalismo
Contexto En 1997 se llevaron a cabo las primeras elecciones con sistema mixto. Se incorporaron las modificaciones en la Constitución (1994, 1995) al terreno electoral, sobre todo en las condiciones de ciudadanía, el cambio del periodo de mandato, las circunscripciones y la elección presidencial. Se aplicaron las reformas incluidas en la Ley Electoral Nº 1246 de 5 de julio de 1991 (que eliminó el doble cociente e introdujo las fórmulas por divisores) y la Ley Nº 1704 del 2 de agosto de 1996, que definía la existencia de 68 circunscripciones uninominales para la Cámara de Diputados. Entre las reformas previas a esta elección la más destacada fue la Ley de Participación Popular (Ley Nº 1551, de 20 de abril de 1994), que garantizaba efectivamente por primera vez, desde la Revolución Nacional, el derecho que la población rural tenía de elegir a autoridades y representantes municipales. El Estado, hasta entonces, no tenía presencia homogénea en el área rural, pues los municipios eran solamente urbanos. Esta apertura a lo rural fortaleció ciertamente a actores políticos campesinos e indígenas que desde entonces pudieron participar en el gobierno local y proyectarse a escala nacional. En esta elección cambiaron las condiciones para ser elector, en función de las modificaciones a la Constitución Política del Estado de 1994 y 1995. La edad mínima para votar se redujo a los 18 años: Art. 41°. Son ciudadanos los bolivianos, varones y mujeres mayores de dieciocho años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta. También entró en vigencia una modificación respecto al periodo de mandato, que se ampliaba a cinco años improrrogables para diputados, senadores, presidente y vicepresidente (Arts. 61°, 65° y 87° de la Constitución). Candidatos y resultados La novedad en los diez binomios de candidatura se debió a la ausencia de los políticos “neopopulistas” Max Fernández (UCS) y Carlos Palenque (CONDEPA). Ambos líderes políticos habían muerto prematuramente, lo que determinó a la larga la desaparición práctica de sus partidos políticos. En cuanto a las candidaturas nuevas, el “instrumento político” de las organizaciones campesinas, que no había obtenido el registro como partido político en la Corte Nacional Electoral, se presentó en acuerdo con Izquierda Unida, con el dirigente Alejo Véliz como candidato a la presidencia; el dirigente moxeño trinitario Marcial Fabricano postuló a la vicepresidencia por el MBL; el dirigente Juan de la Cruz Villca acompañó a Ramiro Barrenechea en la candidatura del Eje. Los votos válidos fueron menos para los diputados de circunscripciones uninominales que para la elección presidencial, aunque en menor proporción que en las elecciones posteriores, en las cuales creció notablemente la cantidad de votos blancos y nulos. Los acuerdos postelectorales crearon la mayor coalición del periodo, la denominada “megacoalición” (conformada por ADN, NFR, UCS, CONDEPA y MIR), que en un primer momento, logró tener 75% del total de bancas congresales. Si el resultado de las Elecciones de 1993 era el triunfo de un partido o alianza más distribuido en los departamentos, el de 1997 fue el más distribuido entre los partidos. Como en ningún otro proceso, hubo cuatro ganadores departamentales: ADN-NFR (en Beni, Pando, Cochabamba y Oruro), CONDEPA (en La Paz), MIR (en Chuquisaca, Potosí y Tarija) y UCS (en Santa Cruz). Es notable que el MNR no consiguió el primer lugar en ninguno de los nueve departamentos y que obtuvo sus mejores votaciones (superando el 20%) en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, que en la década posterior constituirían la llamada “media luna”. La irrupción del voto rural fue notable en 1997. En Cochabamba, sobre todo, la Izquierda Unida —sigla bajo la cual se cobijó el “instrumento político” Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, creado por las principales organizaciones campesinas— consiguió victorias en casi todas las provincias, aunque la conurbación de la capital dio el triunfo departamental a la alianza ADN-NFR. Hizo su aparición un elemento que de algún modo continuó en las elecciones posteriores: la oposición entre la votación urbana y la votación rural. En esa ocasión también se manifestó el “voto cruzado”. En la circunscripción 27 del trópico IU obtuvo más votos en la elección de diputado uninominal que en la elección de presidente. Así, Evo Morales, candidato a diputado por la circunscripción, obtuvo el curul con la mayor proporción de voto en el país; por el contrario, Alejo Véliz, candidato a presidente y a primer diputado plurinominal por Cochabamba por la misma sigla, no consiguió votos suficientes para llegar al parlamento. La votación en las provincias del sur de La Paz, como en los anteriores procesos, favoreció a CONDEPA. El resultado contribuyó a que este partido obtenga dos senadurías en el departamento de La Paz. Los grandes perdedores de la elección fueron los partidos que salían del gobierno, a excepción de UCS, que mantuvo proporciones apreciables de voto. El MBL solamente pudo conseguir cinco diputaciones en circunscripción uninominal; su proporción de voto no llegó al 3% del total nacional. El MNR quedó segundo pero fue aislado debido a que la coalición que se conformó para elegir al presidente agrupó a todos los demás partidos más grandes.
La Ley N°1704 de 2 de agosto de 1996 estableció una barrera electoral de 3% sobre los votos válidos a nivel nacional; lo que significó que solamente aquellos partidos con votación mayor a ese porcentaje establecido podían tener una diputación en circunscripción plurinominal. Las diputaciones de circunscripción uninominal no fueron afectadas por la barrera (Art. 11°). La asignación de escaños por lista se estableció según la fórmula de divisores naturales (ya no según los divisores impares como en las elecciones de 1993).
Contexto: El proceso electoral de 1993 se llevó a cabo con un marco legal diferente del que rigió las Elecciones de 1989. En febrero de 1991 y en julio de 1992 se reunieron la totalidad de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y dieron lugar a una profunda reforma política, que se inició con la conformación de Cortes Electorales imparciales e independientes e incluyó —posteriormente— cambios que se plasmaron en nuevas leyes y en la modificación de la Constitución Política del Estado. La institucionalización de una Corte Electoral autónoma fue un avance notable en el desarrollo democrático en Bolivia. En 1991 se decidió que los cinco vocales electorales fueran personas sin filiación partidaria nombradas mediante mecanismos institucionales claros y firmes. En la legislación anterior se contaba de siete vocales nombrados por los partidos políticos y con capacidad de recontar y anular los votos de cualquier mesa electoral. El curso de la reforma apuntaba a dar cada vez mayor legitimidad a las elecciones y a los representantes elegidos. La agenda política incluía asuntos que se encararían durante los siguientes años: la Privatización, la Descentralización, la Reforma Educativa y el reconocimiento formal de la heterogeneidad cultural del país. La Ley Nº 1246 de 5 de julio de 1991 estableció que cuatro de los vocales de la Corte Electoral serían designados por dos tercios de los miembros del Congreso y el quinto por el Presidente de la República. Esta ley instituyó la Corte Nacional Electoral como el máximo organismo electoral: Art. 24°. MÁXIMO ORGANISMO ELECTORAL “La Corte Nacional Electoral es el máximo organismo en materia electoral, con jurisdicción y competencia en todo el territorio de la República. Tiene por sede la ciudad de La Paz. Sus decisiones son irrevisables, inapelables, de cumplimiento obligatorio, excepto las resoluciones de la Corte Nacional Electoral que infrinjan preceptos constitucionales”. Mediante la adopción del principio de preclusión (Art. 171°), se definió que ninguna etapa del proceso electoral se repetiría. Desde entonces, el conteo en las mesas electorales es definitivo, y es imposible realizar posteriormente el recuento de votos o la anulación de actas. Entre los cambios que no se aplicaron a plenitud está la conformación de un Padrón Electoral permanente. En efecto, la reforma permitió el traspaso del Registro Civil a la tuición de la Corte; la tramitación de certificados de nacimiento depende de la Corte Electoral. Sin embargo, la entrega de cédulas de identidad continuó a cargo de la Policía Nacional. La depuración se realizó recién a partir de 2004. Candidatos y Resultados: En 1993 se presentaron 14 frentes, alianzas y partidos. La conformación de los binomios expresó ya, a diferencia de las elecciones anteriores, la escasa distancia ideológica del sistema de partidos: el Acuerdo Patriótico (formado principalmente por la ADN y el MIR) presentó, por ejemplo, a un ex dictador (Hugo Banzer) como candidato a la presidencia y a un ex guerrillero (Óscar Zamora) como candidato a la vicepresidencia. El partido “neopopulista” CONDEPA, de base social aymara, presentó como candidato vicepresidencial a un empresario cruceño de origen croata. El MNR reunió a un “neoliberal gringo” (Gonzalo Sánchez de Lozada) con un dirigente e intelectual aymara (Víctor Hugo Cárdenas). El MNR obtuvo primeras mayorías en ocho de los nueve departamentos. Fue el triunfo más espacialmente distribuido de un partido o alianza en Elecciones Generales. La presencia de Víctor Hugo Cárdenas no determinó triunfos mayoritarios en las zonas aymaras, aunque probablemente permitió superar la votación departamental de CONDEPA, primera en la ciudad sede de gobierno y en El Alto. Las victorias más amplias de la alianza MNR-MRTKL se dieron en departamentos con poca presencia aymara: Beni, Santa Cruz y Tarija. La propuesta electoral denominada “El Plan de Todos” constituía parcialmente un programa de reformas de segunda generación y coincidió con un lapso disponibilidad social. Los años posteriores registrarían la menor cantidad de protestas a nivel nacional de todo el periodo democrático. A pesar de su amplia victoria, la alianza tuvo que conformar una nueva coalición en el Congreso, con el MBL y UCS, juntando a 79 de los 130 diputados y a 18 de los 27 senadores.
Además de la institucionalización de la Corte Nacional Electoral, el acuerdo de 1991 derivó en la sustitución de la fórmula del doble cociente por las fórmulas de divisores impares (Saint-Laguë) y divisores naturales (D’Hondt). Estos acuerdos políticos también llevaron a la reforma de la Constitución Política del Estado, reduciendo en número de aspirantes a la presidencia en la elección en el Congreso a las dos fórmulas con mayor votación popular (evitando en lo posterior que el tercero llegue a la presidencia y que se nombre presidente y vicepresidente a candidatos de frentes diferentes) y estableciendo un límite de tres intentos de votación (al llegar al cual se otorgaría la presidencia al que hubiera obtenido la primera mayoría en las urnas).
El proceso electoral de 1993 se llevó a cabo con un marco legal diferente del que rigió las elecciones precedentes de 1989. En febrero de 1991 y julio de 1992 se reunieron la totalidad de fuerzas políticas representadas en el Parlamento y dieron lugar a una profunda reforma política, que se inició con la conformación de Cortes Electorales imparciales e independientes. En 1991 se decidió que cuatro vocales electorales de la Corte Nacional Electoral fueran elegidos en el Congreso mediante mecanismos institucionales claros y firmes y el quinto vocal sería elegido por el Presidente de la República. A su vez, se adoptó el principio de preclusión para que ninguna etapa del proceso electoral se repita (es decir, el conteo en las mesas electorales es definitivo y es imposible realizar posteriormente el recuento de votos o anulación de actas).
Contexto: En 1989 se cumplió el primer período completo de un gobierno elegido desde 1964 (el anterior había sido el Gobierno de Víctor Paz de 1960 a 1964). Las novedades de este proceso electoral incluyen el hecho de que el MNR, partido que salía del gobierno, obtuvo el primer lugar en la preferencia popular —ello marcaba la posibilidad de una renovación del “personal político” en el nuevo ciclo histórico, ya sin la presencia en primera línea de los líderes de la Revolución Nacional. Por el otro lado, la distribución de diputaciones y la elección del presidente (el que había salido tercero en la votación) y el vicepresidente (que había candidateado por el partido que había salido segundo) señalaron una separación entre los políticos y la voluntad popular expresada en las urnas, y la certeza de que “cualquier pacto se podía esperar”. Tal como afirma Fernando Mayorga (1991), el Acuerdo Patriótico firmado por el MIR y la ADN expresó la aceptación formal que la izquierda hacía del neoliberalismo (el MIR se presentaba todavía como partido de izquierda) y la aceptación que la derecha antes golpista hacía de la democracia (el ex dictador Hugo Bánzer, de ADN, renunció a sus aspiraciones legítimas de ser presidente y con ello favoreció la estabilidad y ayudó a consolidar el régimen). La atomización política que caracterizó la elección de 1985, en la que hubo 18 candidaturas, fue superada con una reforma electoral en 1986 (la Ley Electoral Nº 857 de 20 mayo de 1986). Esta reforma apuntaba explícitamente a reducir el número de partidos. Ello sucedió a costa de la proporcionalidad de la representación y el riesgo de excluir intereses que podían optar por salidas no institucionales (no solamente en los partidos que quedaban al margen del parlamento por la modificación en las reglas sino también en grupos que no se veían representados en los partidos). En ese sentido, el proceso de 1989 marcó la expresión de la apertura y capacidad de absorción del sistema político: aun sin ingresar en el Parlamento, los partidos pequeños continuaron con su adhesión a la democracia. Sin afectar esta tendencia general, no debe olvidarse que en el período 1989-1993 se manifestaron al menos tres grupos armados: las Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka, FAL-ZW; la Comisión Néstor Paz Zamora, CNPZ; el Ejército de Liberación Nacional, ELN y el Ejército Guerrillero Túpaj Katari, EGTK. Debe recalcarse que estos grupos no tuvieron repercusión en la población ni generaron una simpatía popular significativa en su opción por la “vía de las armas”. Candidatos y resultados: En 1989 hubo diez candidaturas. La conformación de los binomios no mostró explícitamente un hecho que se haría patente en las negociaciones postelectorales: la constatación de que podían salvarse las distancias ideológicas en pos de acuerdos para llegar al gobierno. Se presentaron por primera vez en Elecciones Generales las candidaturas llamadas “neopopulistas”. Max Fernández, inicialmente propuesto por Falange Socialista Boliviana, no figuró como candidato (de manera personal solicitó a la Corte Nacional Electoral ser excluido de la papeleta; su partido respaldó posteriormente la solicitud); Carlos Palenque, de Conciencia de Patria, sí pudo contender y obtuvo la más alta votación en el departamento de La Paz. El único líder sobreviviente del período de la Revolución Nacional era Wálter Guevara, cuya presencia en la fórmula del MNR establecía el vínculo entre esa generación histórica y la nueva, encarnada en Gonzalo Sánchez de Lozada. El proceso electoral de 1989 se ensombreció por una serie de denuncias contra algunos miembros de la Corte Nacional Electoral, a quienes popularmente se denominó: “la banda de los cuatro”. La anulación de mesas —posible de acuerdo con la legislación entonces vigente— determinó cambios en la conformación del Parlamento. Esto fue particularmente claro en el departamento de Oruro, donde tras la anulación de 30 actas, una diferencia de 41 votos —entre la ADN y el MNR— determinó la asignación de una senaduría. El total oficial de votos anulados fue de 115.030 (no es igual a la suma de votos anulados por partido, que llega a 115.038, ni contempla votos no válidos de las actas anuladas; además, se reconocen votos anulados a partidos que no participaron). El partido más afectado en términos absolutos fue el MNR (31.638 votos, 8,7% de su votación nacional frente a 27.888 de la ADN y 22.901 del MIR). El partido relativamente más afectado fue el MIR (los 2.760 votos anulados significaron 28,5% de su votación total). El dirigente mirista Óscar Eíd pudo afirmar que su partido era “tercero formal pero segundo real” y que había un “triple empate” en los resultados. Estas declaraciones connotan que para los políticos la votación de los ciudadanos era menos real que la asignación de escaños en el Congreso, y que la posibilidad de acceder al poder gracias a acuerdos políticos era más importante que el apoyo popular. El voto ciudadano aparecía como una formalidad previa a la realidad de la política parlamentaria (mediados ambos momentos por la capacidad de decisión discrecional de la Corte Nacional Electoral). Las negociaciones definieron que Jaime Paz Zamora, del MIR (tercero en la votación popular) y Luis Ossio (candidato a vicepresidente por el partido que obtuvo el segundo lugar) ocupen los principales cargos electivos del país en la elección de segundo grado en el Congreso. El Acuerdo Patriótico sería una coalición más estrecha que el Pacto por la Democracia. Se trataba de un acuerdo previo a la elección presidencial; constituía el gobierno, a diferencia del Pacto, que se hizo desde el gobierno constituido. Los socios se distribuyeron cargos en toda la burocracia dependiente del gobierno central y en el parlamento: ministerios, prefecturas y comisiones legislativas fueron parte de los puestos repartidos por el Acuerdo. Si el Pacto constituía el inicio de la “democracia pactada”, el Acuerdo hizo evidentes sus connotaciones de política más práctica: la distribución de cargos y la gestión de gobierno compartida. Sería también más difícil de disolver que el Pacto por la Democracia, de manera que en las Elecciones Municipales de 1991 y Generales de 1993 el Acuerdo Patriótico se presentó como un frente único. La muy cuestionada actuación de la “banda de los cuatro” estuvo en los argumentos que promovieron la reforma electoral a la que arribaría un acuerdo de los principales partidos nacionales en febrero de 1991, y se estrenaría efectivamente en las Elecciones Municipales de diciembre de ese año. La demanda de cortes imparciales, compartida por la población y por algunos sectores políticos, derivó en la institucionalización de la Corte Nacional Electoral, que desde entonces está conformada por ciudadanos sin filiación partidaria. A partir de ese acuerdo, el doble cociente fue sustituido por las fórmulas de divisores impares (Saint-Laguë) y divisores naturales (D’Hondt). Los acuerdos políticos también llevaron a la reforma de la Constitución Política del Estado, reduciendo el número de aspirantes a la presidencia en la elección en el Congreso a las dos fórmulas con mayor votación popular (evitando en lo posterior que el tercero llegue a la presidencia y que se nombre presidente y vicepresidente a candidatos de frentes diferentes), y estableciendo un límite de tres intentos de votación (al llegar al cual se otorgaría la presidencia al que hubiera obtenido la primera mayoría en las urnas). En fin, el proceso electoral de 1989 consolidó los elementos instrumentales de la democracia pactada (la distribución de cargos, sobre todo) y agrupó rasgos que en lo posterior fueron rechazados por los acuerdos políticos: el doble cociente, la actuación discrecional de las Cortes Electorales y la elección del tercero como presidente.
El proceso electoral de 1989 fue ensombrecido por una serie de denuncias contra algunos miembros de la Corte Nacional Electoral, a quienes popularmente se denominó “la banda de los cuatro”. La anulación de mesas –posible conforme a la legislación entonces vigente– determinó cambios en la conformación del Parlamento. El total de votos anulados fue de 115.030 (cifra que no es igual a la suma de votos anulados por partido, que llega a 115.038, ni contempla votos no válidos de las actas anuladas; además, se reconocen votos anulados a partidos que no participaron). Esta cuestionada actuación de miembros de la CNE estuvo en los argumentos que promovieron su reforma que arribaría un acuerdo de los principales partidos políticos nacionales en febrero de 1991, lo que derivó en la institucionalización de esta entidad, que desde entonces está conformada por ciudadanos sin filiación partidaria.
Ante la inexistencia de un Padrón Electoral permanente, en septiembre de 1988 uno en el que los electores podían inscribirse con cédula de identidad o libreta de servicio militar. Mediante la Ley N°1037, promulgada el 17 de diciembre de 1988, se estableció que el certificado de bautismo (para los ciudadanos nacidos antes de 1940) y el certificado de nacimiento también eran documentos válidos para la inscripción. Pocas semanas antes, el 28 de noviembre de 1988, el Ministerio del Interior, Migración y Justicia había creado oficiales móviles de Registro Civil, con la atribución de otorgar certificados de nacimiento; ese hecho hizo que los políticos opositores denunciaran la búsqueda de un fraude electoral a favor del MNR.
Contexto: Las Elecciones de 1985 se realizaron por convocatoria del gobierno de la UDP. Debido a la crisis económica y política, Hernán Siles Zuazo redujo su periodo de gobierno en un año y se adelantaron las elecciones para el mes de julio de 1985 (Ley Nº 679 de 14 de diciembre de 1984), las cuales se desarrollaron en el marco de la Ley Electoral (Ley Nº 531) promulgada en abril de 1980. El contexto económico de las elecciones era el de la mayor hiperinflación de la historia nacional: 24.000% en septiembre de 1985, que se redujo a 8.000% a fines de ese año, según cifras del Banco Central de Bolivia (BCB 1987). El gobierno se enfrentaba a una oposición implacable y mayoritaria en el Congreso y a demandas sociales desproporcionadas. Candidatos y resultados: En 1985 se presentaron 18 candidaturas (la mayor cantidad de todo el periodo democrático actual). Todavía no había claridad en las reglas —o, más bien, en el compromiso con las reglas como tales—. Así, Jaime Paz Zamora, que había sido vicepresidente en el periodo que concluía, se pudo habilitar como candidato a la presidencia. La candidatura de un vicepresidente saliente no habría sido posible si se hubieran seguido las reglas tal como en las elecciones posteriores. Notablemente, ADN llegó a ser la primera fuerza electoral pero no la primera fuerza parlamentaria debido a que ganó solamente en dos departamentos (La Paz y Cochabamba). El electorado paceño, que había dado en 1980 más de la mitad de los votos válidos a Hernán Siles y la UDP, dio en 1985 el primer lugar a ADN, con casi el doble de proporción de votos que el MNR, que quedó en segundo lugar. El MNR llegó a ser la primera fuerza parlamentaria, con una mayoría absoluta de los senadores y con más diputados que la ADN. De hecho, pese al segundo lugar en las urnas, el MNR estaba en mejores condiciones que la ADN a la hora de la elección parlamentaria. Los resultados connotan que la población demandaba la conformación de un gobierno estable y con la firmeza y capacidad de solución de problemas que aparentemente la izquierda no fue capaz de proveer. La propaganda electoral de los partidos que resultaron en los primeros lugares hizo énfasis en la búsqueda de salidas a la situación y, por otro lado, en la experiencia de gobierno de los candidatos. Uno de los spots del MNR interpelaba: “De tu voto depende que esto sea solución”, otro mostraba el mapa nacional separado como un rompecabezas, con los nueve departamentos alejados y desordenados. ADN hacía énfasis en la trilogía: “Orden, Paz y Trabajo”. El descontento con el manejo económico del gobierno de izquierda, el bloqueo parlamentario de los partidos de derecha y el acoso del sindicalismo (tradicionalmente de izquierda) produjeron un giro hacia la derecha en la votación, o un desplazamiento del centro político-electoral a la derecha, tal como se expresa en los resultados. Después de la votación y antes de la elección en el parlamento, los partidos de izquierda decidieron apoyar a Víctor Paz Estenssoro para impedir la llegada de Banzer al poder. Ya en el gobierno, el MNR, tratando de evitar la experiencia del periodo inmediatamente anterior, buscó estabilizar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo a través del Pacto por la Democracia, que reunió a dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y a casi toda la Cámara de Senadores. Con este pacto el sistema político alcanzaría un orden que enfatizó de manera excluyente esta relación entre los poderes y pervivió por casi dos décadas.
La “democracia pactada” basaba su funcionamiento en el artículo 90 de la Constitución Política del Estado, que señalaba que: “Si ninguno de los candidatos para la Presidencia o la Vicepresidencia de la República obtuviese mayoría absoluta de votos, el Congreso tomará a tres de los que hubiesen obtenido el mayor número para uno u otro cargo, y de entre ellos hará la elección. Si, hecho el primer escrutinio, ninguno reuniese la mayoría absoluta de votos de los representantes concurrentes, la votación posterior se concretará a los dos que hubieran alcanzado el mayor número de sufragios. En caso de empate, se repetirá la votación hasta que alguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta”. Entre los 18 frentes que participaron en las elecciones generales de 1985 resultó primero el partido del Gral. Hugo Bánzer, pero, en virtud del artículo constitucional citado, fue elegido como presidente, en el Congreso, Víctor Paz Esternssoro quien había sido segundo en la preferencia del voto popular. Desde ese proceso electoral hasta el realizado en 2002 –incluyendo éste– todos los gobiernos se conformarían de acuerdo con coaliciones postelectorales.
En octubre de 1982 se cerró el periodo de gobiernos militares con la llegada de Hernán Siles a la presidencia. Siles obtuvo la primera mayoría en las elecciones generales de 1980, pero no la mayoría parlamentaria. El periodo, que debía durar cuatro años, fue acortado a menos de tres y se convocaron a nuevas elecciones para julio de 1985. Para estas elecciones se estableció que cada ciudadano emitiría un solo voto que valía para elegir presidente y vicepresidente (por mayoría absoluta), diputados (por cociente simple), senadores (por mayoría y minoría) y alcaldes municipales (por mayoría relativa).
Durante el interinato de Lydia Gueiler Tejada se aprobó una nueva Ley Electoral (Ley N°531 de 8 de abril de 1980, que recuperaba el Decreto Ley del Gral. Padilla).
Contexto El mes de noviembre de 1979 se inició con un nuevo golpe de Estado, que recibió el nombre de “Masacre de Todos Santos” y fue encabezado por el Cnel. Alberto Natusch Busch, el mismo que convocó a elecciones solamente para presidente y vicepresidente y no así para senadores y diputados (D.S. Nº 17112 de 9 de noviembre de 1979). De hecho, permitió que el Congreso continuara funcionando a pesar del golpe. Las nuevas elecciones debían realizarse el 4 de mayo de 1980 (la misma fecha establecida en la fallida convocatoria de 1978 del Gral. Pereda). La presión internacional y la enorme resistencia interna forzaron la renuncia de Natusch. La presidencia recayó interinamente en la presidenta de la Cámara de Diputados, Lydia Gueiler Tejada (como consecuencia de un nuevo acuerdo en el Congreso, que, tal como se vio, había revocado el mandato que se había dado a Wálter Guevara en agosto). El 22 de enero de 1980, la presidenta Gueiler convocó a Elecciones Generales para el 29 de junio de ese año (D.S. Nº 17188). Durante este interinato se aprobó una nueva Ley Electoral (Ley Nº 531 de 8 de abril de 1980, que recuperaba el Decreto Ley del Gral. Padilla). En este periodo se vivió una enorme tensión política. El “empantanamiento” connotaba que no se había arraigado en los políticos la propensión a proteger el todavía débil sistema democrático. Expresaba—además— que los partidos anteponían todavía sus intereses particulares a la construcción y vigencia de la institucionalidad democrática. Así, la alternativa al régimen autoritario era incipiente y no aseguraba su propia estabilidad ni continuidad. Por el contrario, el golpe de noviembre de 1979 constituía la constatación de que la vía de la violencia militar estaba abierta y que era permanente la posibilidad de una nueva asonada, con la consiguiente amenaza de muerte, represión y conculcación de los derechos humanos. A pesar de una “sugerencia” de los militares de postergar las elecciones por un año, éstas fueron llevadas a cabo en la fecha prevista. Sus resultados no pudieron ser efectivos en la conformación del Congreso. El 17 de julio de 1980 el Gral. Luis García Meza, que en abril de ese año había sido ratificado como Comandante del Ejército, a pesar de haber participado en el golpe de noviembre de 1979, lideró un golpe de Estado que impuso un “Gobierno de Reconstrucción Nacional” con aspiraciones de durar 20 años. Al margen de la suspensión de los derechos civiles y políticos y de otras violaciones de derechos humanos, el gobierno militar se vínculo con organizaciones de tráfico de drogas ilícitas y saqueó los recursos naturales y los bienes del Estado. Los archivos de las Cortes Electorales también fueron afectados durante esa dictadura. Enfrentado a protestas sociales encarnadas en bloqueos de caminos y huelgas generales, aislado del contexto internacional y repudiado aun por algunos militares, el “Gobierno de Reconstrucción Nacional” se sostuvo apenas por poco más de un año. El 4 de agosto de 1981 una junta militar triunviral compuesta por los comandantes de las tres fuerzas militares asumió el poder ejecutivo.
Contexto: El gobierno del Gral. David Padilla representaba una tendencia militar institucionalista. A diferencia de su predecesor, que había formalizado la intención de realizar elecciones en 1980 (D.L. Nº 15932, de 14 de noviembre de 1978), Padilla hizo la convocatoria para el 1 de julio de 1979. El mismo Decreto Ley que convocaba a elecciones declaraba que se reconocía la vigencia plena la Constitución Política del Estado de 1967 (D.L. Nº 15978 24 de noviembre de 1978, pocos días después del decreto del Gobierno de Pereda). La división en el seno de las Fuerzas Armadas y la falta de una estrategia de “repliegue institucional” o un plan único de “transición tutelada” de los militares quedaba manifiesta en las diferencias entre ambos gobiernos y entre las convocatorias electorales, sin embargo se haría más patente en los golpes de Estado de noviembre de 1979 y julio de 1980. Candidatos y resultados: A las elecciones de 1979 se presentaron ocho candidaturas. Las principales expresaban el retorno de los líderes de la Revolución Nacional: Víctor Paz Estenssoro con la Alianza del Movimiento Nacionalista Revolucionario (A-MNR) y Hernán Siles Zuazo con la Unidad Democrática y Popular (UDP). Esta última agrupaba al MNR de Izquierda, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y al Partido Comunista de Bolivia. En marzo el ex presidente de facto Hugo Banzer creó Acción Democrática Nacionalista (ADN), que participó por primera vez en Elecciones ese 1979. La votación resultó en un virtual empate entre Hernán Siles de la UDP y Víctor Paz de la Alianza del MNR (en la que el otro socio mayor era el PDC). Como ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta de los votos válidos, el Congreso definiría quién sería el nuevo Presidente de la República. De acuerdo con la Constitución vigente, los tres candidatos más votados por la ciudadanía estaban en carrera. Después de varias rondas de votación sin conseguir una mayoría absoluta entre los parlamentarios, y a destiempo del aniversario patrio —la posesión del nuevo presidente debía realizarse el 6 de agosto—, el senador beniano Guillermo Tineo de ADN, propuso que se entregue el gobierno al presidente de la Cámara de Senadores en interinato de un año con la obligación de convocar a nuevas elecciones. Así, Wálter Guevara fue designado presidente y asumió el mando el 9 de agosto de 1979 (Cf. Sanjinés 2005; Cordero 2007). Su interinato duraría menos de tres meses. El “empantanamiento” de la elección congresal se debió más al despliegue de estrategias políticas que a la incapacidad de los políticos o a su falta de visión sobre un posible gobierno de coalición. Se trató de un juego —en el sentido de la teoría de juegos— en el que, para los partidos en disputa, la elección de Guevara significaba un “mal menor” preferible a la victoria del contrincante. La solución del empantanamiento era para algunos un golpe de Estado dado por el Congreso (Cf. Guillermo Bedregal, por ejemplo; cit. Arze Cuadros 2002: 328). La solución de la crisis de noviembre —el retorno del régimen civil en el interinato de Lydia Gueiler— habría sido, en esa óptica, otro golpe de Estado, ya que el Congreso revocó el mandato otorgado a Guevara para entregárselo a la presidenta de la Cámara de Diputados. El hecho de no devolver el mandato a Guevara fue la aceptación tácita de que las relaciones de éste no eran malas solamente con los militares; mostró principalmente que sus relaciones con algunos políticos importantes eran insostenibles.
Contexto El gobierno del Gral. David Padilla representaba una tendencia militar institucionalista. A diferencia de su predecesor, que había formalizado la intención de realizar elecciones en 1980 (D.L. Nº 15932, de 14 de noviembre de 1978), Padilla hizo la convocatoria para el 1 de julio de 1979. El mismo Decreto Ley que convocaba a elecciones declaraba que se reconocía la vigencia plena la Constitución Política del Estado de 1967 (D.L. Nº 15978 24 de noviembre de 1978, pocos días después del decreto del Gobierno de Pereda). La división en el seno de las Fuerzas Armadas y la falta de una estrategia de “repliegue institucional” o un plan único de “transición tutelada” de los militares quedaba manifiesta en las diferencias entre ambos gobiernos y entre las convocatorias electorales, sin embargo se haría más patente en los golpes de Estado de noviembre de 1979 y julio de 1980. Candidatos y resultados A las elecciones de 1979 se presentaron ocho candidaturas. Las principales expresaban el retorno de los líderes de la Revolución Nacional: Víctor Paz Estenssoro con la Alianza del Movimiento Nacionalista Revolucionario (A-MNR) y Hernán Siles Zuazo con la Unidad Democrática y Popular (UDP). Esta última agrupaba al MNR de Izquierda, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y al Partido Comunista de Bolivia. En marzo el ex presidente de facto Hugo Banzer creó Acción Democrática Nacionalista (ADN), que participó por primera vez en Elecciones ese 1979. La votación resultó en un virtual empate entre Hernán Siles de la UDP y Víctor Paz de la Alianza del MNR (en la que el otro socio mayor era el PDC). Como ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta de los votos válidos, el Congreso definiría quién sería el nuevo Presidente de la República. De acuerdo con la Constitución vigente, los tres candidatos más votados por la ciudadanía estaban en carrera. Después de varias rondas de votación sin conseguir una mayoría absoluta entre los parlamentarios, y a destiempo del aniversario patrio —la posesión del nuevo presidente debía realizarse el 6 de agosto—, el senador beniano Guillermo Tineo de ADN, propuso que se entregue el gobierno al presidente de la Cámara de Senadores en interinato de un año con la obligación de convocar a nuevas elecciones. Así, Wálter Guevara fue designado presidente y asumió el mando el 9 de agosto de 1979 (Cf. Sanjinés 2005; Cordero 2007). Su interinato duraría menos de tres meses. El “empantanamiento” de la elección congresal se debió más al despliegue de estrategias políticas que a la incapacidad de los políticos o a su falta de visión sobre un posible gobierno de coalición. Se trató de un juego —en el sentido de la teoría de juegos— en el que, para los partidos en disputa, la elección de Guevara significaba un “mal menor” preferible a la victoria del contrincante. La solución del empantanamiento era para algunos un golpe de Estado dado por el Congreso (Cf. Guillermo Bedregal, por ejemplo; cit. Arze Cuadros 2002: 328). La solución de la crisis de noviembre —el retorno del régimen civil en el interinato de Lydia Gueiler— habría sido, en esa óptica, otro golpe de Estado, ya que el Congreso revocó el mandato otorgado a Guevara para entregárselo a la presidenta de la Cámara de Diputados. El hecho de no devolver el mandato a Guevara fue la aceptación tácita de que las relaciones de éste no eran malas solamente con los militares; mostró principalmente que sus relaciones con algunos políticos importantes eran insostenibles.
El primer día de noviembre de 1979 se dio un nuevo golpe de Estado encabezado por el Cnel. Alberto Natusch Busch, quien convocó a elecciones sólo para presidente y vicepresidente (D.S. N°17112). De hecho, permitió que el Congreso continuara funcionando a pesar del golpe. Las nuevas elecciones debían realizarse el 4 de mayo de 1980. La presión internacional y la enorme resistencia interna forzaron la renuncia de Natusch. La presidencia recayó interinamente en la presidenta de la Cámara de Diputados, Lydia Gueiler Tejada quien convocó a elecciones generales para el 29 de junio de 1980 (D.S. N°17188).
La mayor novedad en la emisión del voto en el proceso electoral de 1979 fue la introducción de la papeleta multicolor y multisigno (D.L. N°16095). Anteriormente, cada partido político tenía una papeleta propia, lo cual abría una variedad amplia de posibilidades de manipulación.
En las elecciones de 1979 se dio un “empantanamiento” pues, al no obtener ningún partido político la mayoría absoluta y después de varias rondas de votación en el Congreso Nacional, no se logró elegir la fórmula que accedería al gobierno, por ello, el senador beniano Guillermo Tineo de ADN, propuso que se entregue el gobierno al presidente de la Cámara de Senadores en interinato de un año con la obligación de convocar a nuevas elecciones, fue así que Wálter Guevara fue designado como presidente.
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