En esta cronología presentamos los hitos históricos más importantes en el recorrido de los pueblos indígena originario campesinos en la historia boliviana.
Created by gobdemocratica on Aug 6, 2011
Last updated: 08/11/11 at 10:54 AM
Tags: pueblos indÃgenas Bolivia movimientos sociales interculturalidad descolonización
Historia de los Pueblos Indígena Originario Campesinos de Bolivia has no followers yet. Be the first one to follow.
Históricamente los textos constitucionales bolivianos plantearon un horizonte político que identificaba Estado con nación; una nación homogénea cultural y socialmente. El sujeto “pueblo” reforzaba esta idea de unidad entre ambas, al constituirse en universo unívoco que daba significado a la nación. El reconocimiento del Estado como Plurinacional en la nueva Constitución implica una reconfiguración del concepto de “nación”: La nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y bolivianas, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. La apuesta del movimiento campesino indígena por un Estado Plurinacional, es en el fondo una propuesta de construcción de una democracia plural capaz de contener no sólo a las naciones y pueblos indígenas, sino a la diversidad de sujetos existentes en el país.
El régimen autonómico indígena campesino originario, se encuentra normado en el Capítulo Séptimo, del Titulo I (Organización Territorial del Estado), de la Tercera Parte (Estructura y Organización del Territorial del Estado) de la Constitución Política del Estado. Partamos caracterizando al sujeto de la autonomía indígena originaria campesina. El sujeto es el pueblo o nación originaria; la condición de “originario”, implica que se reconoce su existencia como anterior a la constitución del Estado y la colonia. En virtud de esta condición “originaria” los pueblos indígenas tienen derecho a su libre determinación. La autonomía indígena originaria campesina, se ejerce en los “territorios ancestrales”, habitados por los pueblos y naciones indígenas; en función de este criterio, la nueva Constitución, además de retomar la división territorial republicana (departamento, provincia y municipio), incorpora la figura del “territorio indígena originario campesino”, como cuarta unidad político territorial del Estado. De forma más general se puede decir que el proceso autonómico avanza con importantes resultados: a nivel legislativo se promulgó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010), que establece el procedimiento para la constitución de autonomías indígenas; y, a nivel de las organizaciones indígenas campesinas, existe un importante movimiento para lograr el reconocimiento de sus regímenes autonómicos, el ejemplo pionero en este sentido, es la presentación del estatuto de autonomía indígena campesina de Raqaypampa en Cochabamba.
Para el análisis de la propuesta de “Estado Unitario Plurinacional”, planteada por el Pacto de Unidad, es preciso concentrarse en su documento “Por un Estado Unitario Plurinacional Comunitario, Libre, Independiente, Soberano, Democrático y Social”, presentado el 2007 a la Asamblea Constituyente. La propuesta fundamenta el carácter plurinacional del Estado boliviano, en la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas; quienes, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación, acuerdan conformar y ser parte de un Estado Plurinacional.
La asamblea constituyente fue instalada el 6 de agosto de 2006, en la ciudad de Sucre con un total de 255 constituyentes, de los cuales 137 eran representantes del Movimiento al Socialismo (MAS). Era la primera vez que una asamblea constituyente, contaba con la participación de indígenas; quienes fueron los y las principales protagonistas en plantearla y conquistarla. La asamblea que empezaba con buenos augurios, pronto tuvo su primer conflicto: la fórmula de votación en el reglamento. Este conflicto desbordó la constituyente: se convocaron a paros cívicos y el proceso se empantanó por un tiempo importante -más de la mitad de su tiempo legal- hasta que, consensuado el reglamento en febrero del 2007, la asamblea apuró el trabajo. El 15 de agosto, cuando la prorrogada Asamblea trató el tema de la capitalidad plena para Chuquisaca, decidió archivarlo “para preservar la unidad nacional y la paz social”; medida que exacerbó los ánimos del llamado “comité interinstitucional por la capitalía plena”, que bloqueó puntos de salida y entrada de las instalaciones donde funcionaba la Asamblea; era imposible continuar en ese ambiente de cerco y agresión permanente. Entonces se escoge el liceo militar “La Glorieta” para retomar las sesiones; donde se aprueba “en grande” la constitución. Mientras sucedía esto, varios jóvenes se enfrentaban con la policía, intentando llegar hasta La Glorieta; como resultado tres personas pierden la vida en circunstancias no aclaradas. Quedaba pendiente la aprobación “en detalle” de la constitución, para lo cual, ante la situación de conflicto en Sucre, se decide continuar en Oruro con 164 de los 255 constituyentes; donde se aprueba el texto constitucional “en detalle”, el mismo que después fue entregado al Presidente Evo Morales.
Desde mayo del año 2006, las organizaciones campesinas indígenas y originarias que conforman el Pacto de Unidad iniciaron un proceso de construcción conjunta de una propuesta para la Asamblea Constituyente. El 5 de agosto, día antes de la instalación de la asamblea constituyente, entregaron a la presidenta de dicha asamblea, a los asambleístas de las organizaciones del Pacto de Unidad y al vicepresidente Álvaro García, el documento Propuesta para la nueva Constitución Política del Estado.“Por un Estado Plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas”. Se debe destacar que este documento se constituía, hasta ese momento, en la propuesta de Constitución mejor elaborada y de mayor consenso entre las organizaciones campesinas e indígenas del país. La propuesta del Pacto de Unidad fue tan influyente que el propio MAS la asumió parcialmente, y muchas partes de su contenido fueron objeto de debate central dentro de la Asamblea Constituyente. En mayo del 2007, el Pacto de Unidad, presenta un nuevo documento que profundiza y enriquece el anterior, denominado Propuesta consensuada del Pacto de Unidad. Constitución Política del Estado Boliviano. “Por un Estado Unitario Plurinacional Comunitario, Libre, Independiente, Soberano, Democrático y Social”.
Desde el año 2005, el gobierno del presidente boliviano Evo Morales, puso en marcha un ambicioso plan que pretende corregir los resultados deficientes del saneamiento de tierras. Ello se haría posible a través de la aprobación de una Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, la misma que fue impedida al interior de la Cámara de Senadores por el voto de la oposición parlamentaria que poseía una mayoría de escaños en esa entidad. Por ello, diversas organizaciones campesinas, indígenas, originarias y de colonizadores decidieron realizar una marcha rumbo a La Paz para cercar el Congreso de la República y presionar por la aprobación de dicha ley. Es así que la marcha arriba el 28 de noviembre de 2006 y presiona a la sesión del Congreso para la sanción de una nueva ley de tierras.
La Asamblea Constituyente de 2006 tenía un gran reto por delante: garantizar la representación de los pueblos indígenas campesinos originarios del país; que habían sido los protagonistas políticos principales de la conquista de este espacio de deliberación constituyente. Garantizar la representación de los pueblos indígenas, volvía crucial la discusión sobre la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, que establecería los mecanismos de selección de los constituyentes. La promulgada Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, establecía que se elegirían 255 constituyentes bajo dos modalidades de elección: a) 210 constituyentes serían elegidos en 70 circunscripciones territoriales; tres en cada una de ellas: dos corresponderían a la fuerza política que obtenga la mayoría y uno a la segunda fuerza; b) 45 constituyentes serían elegidos en las 9 circunscripciones plurinominales departamentales; cinco en cada una de ellas, de la siguiente forma: dos para la mayoría, uno para la segunda fuerza, uno para la tercera fuerza y uno para la cuarta fuerza. Esta modalidad de elección implicaba varias limitaciones: a) no reconocía el sistema de elección directa por usos y costumbres, como había propuesto por ejemplo el Pacto de Unidad; y, b) se descartaba la representación especial étnica, pensada para garantizar la presencia de los pueblos indígenas de tierras bajas.
El Segundo Encuentro Social Alternativo: “Por una Agenda Nacional, otra Bolivia es Posible” se realizó del 9 al 11 de septiembre de 2005 en Camiri. Este encuentro es histórico en relación a la demanda de convocatoria a una asamblea constituyente por parte del movimiento campesino indígena, debido a tres razones: 1) Se trata del evento social y de deliberación colectiva más importante y masivo realizado después de la insurrección indígena y popular del 2003, convocado para impulsar la “agenda de octubre”, que se sintetiza en la demanda de asamblea constituyente y nacionalización de los hidrocarburos. 2) Su convocatoria fue promovida por casi la totalidad de las organizaciones campesinas, indígenas y originarias del país, articuladas en el Pacto de Unidad; organización que influirá decisivamente en muchas de las resoluciones aprobadas por este encuentro. 3) Constituye el primer encuentro que logra generar un espacio plural de discusión y articulación política entre organizaciones campesinas indígenas originarias y organizaciones populares urbanas. Como paso inicial para avanzar tanto en la demanda de nacionalización como en la convocatoria a una asamblea constituyente, se decide organizar una Coordinadora Nacional con todos los sectores sociales, denominada “Movimiento por la Declaración de Camiri y la Asamblea Constituyente”, cuyo objetivo inmediato será exigir al nuevo Congreso de la República la aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente consensuada por el Pacto de Unidad y ratificada en este Segundo Encuentro Social Alternativo.
Las elecciones generales del 18 de diciembre de 2005 fueron resultado de la crisis política de junio de 2005 que derivó en la renuncia y posterior sucesión constitucional de Carlos Mesa, bajo el acuerdo congresal de aprobar la convocatoria a elecciones nacionales y la realización de elecciones para prefectos departamentales. Este acuerdo incluyó además la realización simultánea del referendo sobre autonomías departamentales y la elección de constituyentes para julio de 2006. El proceso electoral dio como partido ganador al Movimiento al Socialismo, pero lo que generó mayor sorpresa fue la contundencia de esta victoria: el MAS ganó con una votación del 53.7%; el más alto porcentaje de todo el periodo democrático iniciado en 1982. De esta manera la izquierda se condensó en el MAS, porque el MIP perdió su personería jurídica al obtener una exigua votación; además logró una supremacía congresal con 84 de 157 parlamentarios que le permitió controlar la cámara de diputados y la presidencia del senado merced al apoyo de fuerzas menores. La victoria del MAS termina instalando en la sociedad un imaginario de cambio alrededor de lo campesino indígena originario, que marcó el compas de las transformaciones estatales y sociales en los siguientes años.
El Pacto de Unidad creado en Santa Cruz el 2004, está articulado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ), Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” FNMCIOB “BS”, Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Movimiento Sin Tierra (MST), Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Movimiento Cultural Afrodescendiente. En primer lugar se puede señalar que el Pacto de Unidad, constituye uno de los esfuerzos más importantes e inéditos de articulación política dentro de la historia del movimiento campesino indígena del país. Esta articulación política se realizó con el objetivo de impulsar la realización de una Asamblea Constituyente “fundacional, soberana y participativa” que apruebe una Constitución fundada en el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos y naciones originarias. En tal sentido, el Pacto de Unidad, elaboró su propia propuesta de texto constitucional, que se convirtió en una especie de plataforma común de lucha y acción política. Un segundo elemento, es que el Pacto de Unidad logró construir una identidad política común, expresada en el sujeto “indígena campesino originario”. Esta identidad política común está basada en el autoreconocimiento como naciones o pueblos originarios; es decir, como pueblos o naciones que preexisten al Estado republicano. Esto otorgó al sujeto indígena campesino originario, un estatus político particular que le permitirá reivindicar varios derechos, entre ellos el de autodeterminación.
Podemos distinguir tres planteamientos sobre las autonomías indígenas al interior del Pacto de Unidad; los mismos que, finalmente encontraron niveles de articulación política en la propuesta de Constitución trabajada por el Pacto de Unidad y presentada a la Asamblea Constituyente el 2006. Por una parte estaba el planteamiento de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que proponía la autonomía indígena, como potestad gubernativa (elección de autoridades conforme a la costumbre) y normativa sobre un determinado territorio; además, demandaba que este tipo de autonomía indígena, fuera reconocida como un nivel de gobierno del propio Estado. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), por su parte, asumía que la autonomía indígena, constituía una propuesta pensada principalmente para “minorías nacionales”; por tanto, ellos como mayoría -quechuas y aymaras- no debían reivindicar la misma. Su propuesta enfatizaba en la necesidad de transformar la estructura estatal, a partir de la apuesta por un Estado Plurinacional. La otra posición que se planteó con fuerza al interior del Pacto de Unidad, fue la figura de la restitución territorial demandada por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ); que consistía básicamente en reordenar territorialmente el país en base a la figura del Tawantinsuyu. La figura de la restitución territorial, causará un efecto importante en la mirada autonómica de los pueblos de tierras bajas, particularmente, de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); que empezó a vislumbrar la posibilidad de avanzar más allá de sus territorios consolidados como Tierras Comunitarias de Origen y redefinir niveles territoriales que están en los municipios, en las provincias e, incluso, en los departamentos.
A partir de la marcha indígena realizada el 2002, en la que por primera vez convergieron en una movilización organizaciones de pueblos indígenas de tierras altas y bajas, bajo la consigna de asamblea constituyente y, como resultado del proceso insurreccional de octubre del 2003, donde se reiteró la demanda de una asamblea constituyente, que finalmente fue incorporada como “mecanismo de reforma constitucional”, el 2004; las organizaciones indígenas, campesinas y originarias del país se plantearon la necesidad de generar un espacio de consenso y articulación política, que denominaron luego “Pacto de la Unidad”, con el objetivo de impulsar la convocatoria y realización de una asamblea constituyente, como escenario de refundación del país. Una de las primeras acciones del Pacto de la Unidad fue la presentación de una propuesta de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, elaborada en el “Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Originarias” realizado en Santa Cruz en el 2004.
“Octubre Negro” es el nombre con el que se conoce a la insurrección campesina popular de octubre del año 2003, que culmina con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003). Lo que motivó esta insurrección fue el anuncio gubernamental de la exportación de gas natural a México y Estados Unidos en términos de mucha desventaja para el país. Las movilizaciones de descontento y protesta inicialmente comenzaron como una demanda puntual de oposición a la exportación del gas y terminaron convirtiéndose en un referendo activo por la nacionalización de los hidrocarburos y la exigencia de renuncia de Sánchez de Lozada. El sujeto protagónico de las movilizaciones por la nacionalización será el movimiento campesino aymara del altiplano norte de La Paz.
El proceso electoral de 2002, pese a que concluyó con la elección como presidente de Sánchez de Lozada mediante una coalición congresal conformada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), puso en evidencia la crisis del proyecto estatal neoliberal inaugurado en 1985; puesto que la acción de los movimientos sociales, que desde el 2000 impugnaron la democracia pactada y el neoliberalismo, tendrán su expresión en el escenario parlamentario a través de la presencia de dos nuevas fuerzas de izquierda como el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP). La participación electoral del MAS y del MIP, dio lugar a la emergencia de una nueva izquierda en el país, porque se trató de partidos que habían sido organizados a partir de los propios sindicatos campesinos indígenas y con líderes propios: Evo Morales y Felipe Quispe. En este sentido se diferencian de la izquierda tradicional que se organizaba desde fuera de los sindicatos obreros y con direcciones provenientes de sectores de clase media. Con todo, lo destacable de ese momento fue que por primera vez en la historia de Bolivia, existió una representación directa y tan numerosa de campesinos e indígenas en el parlamento y, sobre todo, el hecho de que un campesino, como Evo Morales, aparecía como “presidenciable”; es decir, con capacidad de disputar el poder político.
Esta marcha constituye la cuarta promovida por los pueblos de tierras bajas, aunque en el camino se sumaron a ella los indígenas originarios del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). La marcha partió con el lema “Por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales”, bajo dos demandas principales: convocatoria a una Asamblea Constituyente y, archivar el “paquete agrario” que “el gobierno pretendía aprobar para favorecer a latifundistas, ganaderos y madereros”. Sin embargo, en el trayecto y como resultado de un pacto de unidad concertado con el CONAMAQ, el movimiento fue denominado centralmente como la “Marcha por la Asamblea Constituyente”. La marcha se convirtió en un espacio de encuentro y deliberación para generar consensos, a partir de distintas visiones, sobre el proceso constituyente. Resultado de esta discusión se acordó una plataforma común de demanda: 1) que se convoque un Congreso Extraordinario para aprobar una ley de Necesidad de Reforma a la Constitución que modifique los artículos 230, 231, 232 y 233, para incluir a la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma total del texto constitucional, 2) que la participación en la Asamblea Constituyente no debía ser mediada forzosamente por los partidos políticos. La marcha llega finalmente a La Paz el 19 de junio después de 39 días de caminata; los marchistas superaron los 7000 indígenas. El gobierno, ante el rotundo fracaso de la cumbre social prevista, se vio obligado a ceder a las demandas del Bloque del Oriente y el CONAMAQ y, por ello, suscribió con estas organizaciones un convenio donde se comprometía a reformar los artículos señalados para incluir la figura de la Asamblea Constituyente en los términos exigidos por los marchistas.
Durante el gobierno de Hugo Bánzer Suárez (1998-2001), se implementó el “Plan Dignidad” como política y estrategia de lucha contra el narcotráfico. Este plan proponía, a partir de la erradicación de cultivos ilegales y excedentarios de coca, sacar a Bolivia del circuito coca-cocaína hasta el 2002. Frente al escenario de descredito en la erradicación, Jorge Quiroga, asumida la presidencia el 6 de agosto del 2001, reinició la arremetida contra la coca, desatando igual o mayor violencia en las zonas de erradicación. En este marco de interdicción, el 27 de noviembre del mismo año, se promulga el DS. 26415, que prohibía la venta en mercados primarios, de coca plantada en zonas ilegales, asimismo disponía -por ser la coca del Chapare clasificada como ilegal- el cierre del mercado de coca de Sacaba. El 14 de enero del 2002, en reacción a la disposición estatal, cocaleros del Chapare realizaron una multitudinaria movilización y buscan negociar con la dirección general de la Coca (DIGECO) la reapertura del mercado de Sacaba. Ante el fracaso del diálogo intentaron tomar dicha institución y quemaron 25 vehículos incautados, exigiendo la abrogación del DS. 26415. Los enfrentamientos y la dura represión se radicalizaron y concentraron en Sacaba, dando lugar a lo que se conoce como “guerra de la coca”. Como resultado de 5 días de confrontación entre cocaleros y fuerzas militares y policiales se registran 6 muertos, más de 30 heridos y la detención de al menos 26 cocaleros, principalmente dirigentes. De los fallecidos, 4 eran soldados de la fuerza pública, y 2 habían sido linchados en venganza por la muerte de 2 cocaleros en los enfrentamientos del 16 de enero. La presión de sectores sociales y de la opinión pública, posibilita que el conflicto derive en un acuerdo con el gobierno, logrando la abrogación del DS. 26415 y la liberación de detenidos.
a pesar de la gestión comunitaria ancestral del agua por parte de los campesinos regantes de los valles de Cochabamba, en 1999, el gobierno de Bánzer (1997-2001), entregó en concesión a la transnacional “Aguas del Tunari”, todas sus fuentes de agua superficiales y subterráneas, incluidos sistemas de riego y pozos de agua; poniendo en riesgo la viabilidad de la estructura material y cultural en torno a las cuales las comunidades campesinas de los valles se habían organizado desde siempre. Para defender sus derechos los campesinos regantes fundaron la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba (FEDECOR), y emprendieron movilizaciones y bloqueos de caminos contra la privatización del agua desde finales de los años 90. A principios del año 2000, la FEDECOR impulsó la “unificación de la lucha del campo y la ciudad”, que se materializó con la creación de la Coordinadora del Agua y la Vida; que inició movilizaciones y bloqueos a partir de enero del 2000; los mismos que se radicalizaron en abril, luego de una consulta popular, con participación de más de 50 mil personas que demandaba la anulación del contrato con “Aguas del Tunari”.
Como resultado de la reestructuración de la dirección nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1998, será elegido como secretario ejecutivo de esta organización Felipe Quispe Huanca. Su elección tuvo una gran significación política: se escogía como dirigente a la persona que portaba el discurso nacionalista indígena más radical del movimiento campesino indígena contemporáneo. Su presencia y aceptación como dirigente, marcada por su trayectoria guerrillera y su intransigencia frente al poder estatal, señalaban hasta qué punto el movimiento campesino había virado hacia posiciones más críticas frente al Estado. Bajo su conducción se llevaron a cabo las sublevaciones campesinas aymaras más importantes de los últimos 20 años, sólo comparables con los bloqueos de caminos realizados en 1979 por la CSUTCB a la cabeza de Jenaro Flores. La primera sublevación se producirá en septiembre y octubre del 2000, y la segunda en junio y julio del 2001. Resultado de estas sublevaciones, en varias provincias del altiplano norte de La Paz se impuso el ejercicio de facto de una autonomía territorial. Ello implicó una reterritorialización del poder indígena y la instalación de un nuevo imaginario de sociedad en torno a lo campesino indígena y originario.
El 28 de abril del 2000, organizaciones indígenas, campesinas y de colonizadores de los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz se reunieron con el objetivo de suscribir un “manifiesto indígena campesino por la tierra, el territorio y los recursos naturales”, documento en el que hacían conocer al gobierno sus demandas y le otorgaban un plazo de 90 días para resolver favorablemente éstas, caso contrario anunciaron la realización de la tercera marcha. El 9 de junio se reunieron nuevamente y declararon que “ante la insensibilidad del gobierno frente a los graves problemas de los pueblos y comunidades” el 28 de junio iniciarán la marcha. En esa ocasión presentaron la “plataforma de demandas de la tercera marcha por la tierra, el territorio y los recursos naturales”, compuesta por 31 puntos. Luego de 15 días de caminata y de la negociación de la Gran Asamblea de los Pueblos Indígenas con el gobierno, el 15 de julio se logra un acuerdo importante en torno a la temática de tierra y territorio.
Con la aprobación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Gonzalo Sánchez de Lozada pretendía cerrar el conjunto de reformas estructurales neoliberales de segunda generación iniciadas durante su gobierno (1993-1997). El objetivo central de esta nueva norma era ante todo ampliar y regular un mercado abierto y transparente de tierras. El movimiento campesino indígena que parecía haber sido neutralizado en su capacidad de movilización e interpelación contra las reformas neoliberales, logró aglutinar a diversas organizaciones del país como la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, con el propósito de realizar una marcha desde distintos puntos del país rumbo a La Paz, para presionar al gobierno en torno a las modificaciones de la propuesta de Ley INRA. Después de 35 días de caminata, 40.000 campesinos e indígenas arribaron a La Paz el 26 de septiembre. Desde su llegada son reprimidos por fuerzas del orden, el saldo trágico es de 5 muertos y más de 50 heridos. Sin embargo, el gobierno recién negoció con ellos el 11 de octubre y aprobó la Ley INRA sin muchas modificaciones.
El gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), como parte de su estrategia de lucha antidroga, desarrolló la política “Opción Cero” aprobada en noviembre de 1994, a pesar de los convenios logrados en septiembre del mismo año a partir de la marcha “Por la vida, coca y soberanía nacional” realizada por los cocaleros del Chapare. Frente a la constante tensión en el Trópico, las violaciones y atropellos por efectivos, allanamientos domiciliarios y detenciones, en diciembre de 1995, se desarrolla una nueva marcha “Por la Vida y la Soberanía Nacional” protagonizada por mujeres cocaleras del trópico de Cochabamba. Luego de enfrentar varias intervenciones, la marcha llega a la ciudad de La Paz en enero de 1996, tras 31 días de caminata y bajo el respaldo de la CSUTCB, productores cocaleros de Yungas, Bartolina Sisa, COB, universitarios y organismos de derechos humanos. Tras el arribo de la marcha, se inició el diálogo con las primeras damas de la nación, demandado por las cocaleras, pues se pensaba que de ‘mujer a mujer’ podría hallarse comprensión, soluciones y compromisos más efectivos a sus demandas, que planteaban: desarrollo alternativo real, respeto a los mercados primarios de comercialización de coca, cese de la erradicación forzosa y de los atropellos por parte de efectivos militares y policiales. Las cocaleras al no lograr respuestas favorables a sus demandas, decidieron ingresar en huelga de hambre masiva en La Paz, de igual forma en Cochabamba se asumieron similares medidas de apoyo, además de bloqueos que fueron duramente reprimidos. Ante la presión popular, el gobierno, dirigentes/tas de la COB, de las federaciones del Trópico y de Yungas reiniciaron el diálogo. Así, el 3 de febrero de 1995 se logró un convenio que garantizaba: liberación de detenidos durante los bloqueos, respeto a los DDHH, ayuda humanitaria a huérfanos, viudas o heridos afectados en operativos antidrogas y cancelación de toda coca erradicada.
La propuesta del Instrumento Político se planteó por primera vez en el I Congreso Extraordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) (1988), en el cual, además del rechazo a los partidos políticos tradicionales se planteó la idea de la propia organización política del sector campesino. Posteriormente en 1989, durante el IV Congreso Campesino realizado en Tarija se aprobó la tesis de la ‘Asamblea de Unidad de los Pueblos y Naciones Originarias’, como una especie de parlamento campesino. Otro antecedente relevante para la consolidación del Instrumento Político son las movilizaciones campesinas indígenas por los 500 años de resistencia. La importancia de estas movilizaciones radica en que dieron paso a la primera y única sesión de la Asamblea de Pueblos Originarios, desarrollada el 12 de octubre de 1992. Tras una serie de discusiones, en el VI Congreso de la CSTUCB, realizado en 1994, se decide y aprueba la tesis de necesidad de creación del Instrumento Político. Propuesta ratificada con mayor consenso en marzo de 1995, durante el primer congreso campesino por la Tierra, Territorio e Instrumento Político realizado en Santa Cruz, al cual asisten representantes de la CSUTCB, Federación Nacional de Mujeres Campesinas-Bartolina Sisa, Confederación de Colonizadores y la CIBOB. Como resultado de ese momento de construcción de la unidad política, instituida a partir de las estructuras de los sindicatos campesinos, nace la “Asamblea por la Soberanía de los Pueblos” (ASP). Luego de sus primeras participaciones en procesos electorales, en 1998, el Instrumento Político sufrirá una división, de la cual nacerá el “Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos” (IPSP), bajo la dirección de ‘Evo Morales’, con amplio apoyo campesino. En 1999 el IPSP se presentó como “Movimiento Al Socialismo” (MAS).
Durante el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) se promulgó la Ley de Participación Popular (LPP); uno de los objetivos centrales de la misma era ampliar la jurisdicción territorial de los municipios hacia las comunidades rurales; recordemos que antes de la aprobación de la ley, los municipios tenían asiento básicamente en territorios urbanos. Así, la elección municipal de 1995 es la oportunidad para que la ASP -a partir de su significativo poder territorial basado en los sindicatos agrarios- participe. Frente al limitado tiempo y ante la falta de personería jurídica, realizó una alianza con la Izquierda Unida (IU). Como resultado de su participación bajo la sigla IU-ASP, accedieron al control de 10 alcaldías y la elección de 38 representantes en Cochabamba, concentrados mayormente en el Trópico; más otros 9 en el país (Albo, 1996). La importancia de este inédito avance de la participación política del movimiento campesino, mostraron al sector, la utilidad y efectividad del ‘instrumento político’ dentro del juego democrático (Paz, 2010). Tras los resultados alentadores, en enero de 1997 se realiza el II Congreso Campesino del Instrumento Político, fortaleciendo la unificación temporal del movimiento; reflejada en las elecciones de 1997, donde nuevamente bajo la alianza IU-ASP, lograron 4 diputaciones por Cochabamba y el 3.6% de la votación nacional. Así, el líder cocalero Evo Morales, entró al parlamento como el diputado más votado (70% de votos en su circunscripción). Si bien, las elecciones de 1997 permitieron la expansión política del movimiento campesino, en este periodo también se produjo la división del brazo político, debido a pugnas por hegemonía y liderazgo entre la facción de Evo Morales y Alejo Veliz; conflicto que derivó en 1998 en el fraccionamiento temporal dentro la CSTUCB y la división de la ASP en dos ramas (Stefanoni, 2006). A raíz de esto, en las elecciones municipales de 1999 se presentan dos frentes políticos del movimiento campesino. La rama liderada por Veliz ‘ASP’ logró 28 consejeros municipales y 5 alcaldías en Cochabamba; mientras que la dirigida por Morales, adoptando un nuevo nombre ‘Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos’ (IPSP) y presentándose bajo la sigla del “MAS”, logró mejores resultados: 79 consejeros municipales en 7 departamentos, principalmente en zonas productoras de coca y en regiones andinas.
Durante el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), y tras la visita del Zar antidrogas de EEUU, Lee Brown, se diseñó en 1994, el programa antidrogas “Opción Cero”. Política que planteaba: 1) la destrucción de todos los cultivos de hoja de coca excedentaria del Chapare y la transformación de la zona en parque nacional o zona industrial; 2) la relocalización de campesinos afectados, hacia regiones donde reciban tierras e indemnización para el desarrollo de nuevos cultivos. También se debe señalar que previo a la implementación del programa antidrogas “Opción Cero”, en marzo de 1994, la cancillería firmó un convenio con EEUU, comprometiendo la erradicación de 5.000 hectáreas de hoja de coca a cambio del apoyo económico de 20 millones de dólares. En este contexto, el 13 de julio del mismo año, se inicia el ‘Operativo Nuevo Amanecer’ que se constituyó en un feroz operativo de represión, pues el gobierno a fin de lograr la erradicación comprometida militarizó el Chapare, decretó estado de sitio y promovió detenciones, allanamientos y muertes. Frente a estos atropellos y acumulación de tensiones, los productores de coca como medida de “contracción”, deciden realizar una marcha reivindicativa y de protesta hasta la sede de gobierno. A pesar del estricto control y represión de fuerzas policiales y militares, el 29 de agosto de 1994, se inicia la marcha “Por la vida, la coca y la soberanía nacional”, la cual demandaba: suspensión de la militarización, liberación de detenidos, entre ellos de su principal representante ‘Evo Morales’, retiro de efectivos de la DEA, indemnización por los cocales erradicados y revisión de las leyes de Reforma Educativa, Participación Popular y Capitalización. Con estas demandas, la marcha de unos 30.000 cocaleros y campesinos arribó a la ciudad de La Paz el 19 de septiembre, frente al gran respaldo de la movilización el gobierno firmó un nuevo acuerdo, que planteaba: la aplicación del DS. 23773 de CONADAL, la necesidad de introducir modificaciones a ley 1008, constitución de una comisión interinstitucional que garantice los DDHH, respeto al fuero sindical e inicio de campaña internacional contra la despenalización de la hoja de coca.
El contexto donde se discutió la posibilidad de llevar adelante una “Asamblea de Nacionalidades Originarias y del Pueblo”, estuvo signado por el debate en torno al tema del territorio; que puso también en discusión el asunto de la jurisdicción territorial, es decir, la cuestión sobre qué organización política debía administrar los territorios indígenas. Por tanto, la demanda del territorio pronto se vinculó con la discusión sobre el poder. Este debate se empieza a agitar en 1988 en el I Congreso Extraordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) realizado en Potosí, donde se votó por el retorno de los dirigentes a las bases y el rechazo a los partidos tradicionales y la idea de “organizarnos por nosotros mismos” para construir un “poder comunal” distinto al “impuesto”. La tesis será propuesta por el Movimiento Campesino de Bases (MCB), con cierta influencia de sectores de izquierda. El IV Congreso de la CSUTCB (1989) realizado en Tarija decidió llevar adelante la “Asamblea de Nacionalidades”, como una especie de parlamento indígena que expresa la unidad de las naciones originarias; fijando fecha para su realización el 12 de octubre de 1992, como rechazo al festejo del denominado “encuentro de dos mundos”, preparado por el Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) en conmemoración a los quinientos años de la invasión española. La Asamblea de Nacionalidades y del Pueblo, se instala en el teatro al aire libre del departamento de La Paz en 1992, luego de una marcha de más de 20 mil indígenas y campesinos. Como primera actividad se decidió conformar la directiva pero “cada grupo temía ser instrumentalizado por el otro grupo y por los partidos que los apoyaban” (Albó, 1996). Al no llegarse a ningún tipo de acuerdo, las organizaciones presentes plantearon que se debía consultar a las bases; en ese momento cae una lluvia torrencial que termina dispersando a todos los asistentes y el evento como por arte de magia se cancela. Algunos señalan que la Asamblea de Nacionalidades y del Pueblo fue un fracaso (Regalsky, 2003), otros, como Juan de la Cruz Villca, prefieren pensar que este evento constituyó el inicio fecundo de la idea del “instrumento político” -que en 1995 ganará fuerza efectiva-, y de la propia Asamblea Constituyente planteada el 2000.
Como resultado de la Marcha por el Territorio y la Dignidad realizada en 1990, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), los pueblos indígenas de tierras bajas lograron, además del reconocimiento de sus territorios, el compromiso de parte del gobierno de “elaborar de forma impostergable una Ley de Pueblos y Comunidades Nativas”. El gobierno presentó una primera propuesta y tras numerosos encuentros y talleres que se prolongaron por más de un año, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) hizo su contrapropuesta en agosto de 1991, que se denomino “Proyecto de Ley de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana”. Pero el gobierno ya había decidido “archivar” el asunto y se quedó conforme con la ratificación del Convenio 169 de la OIT en el Congreso de la República. No obstante, la propuesta de Ley de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, se constituye en un referente documental importante, por cuanto condensa el consenso de los ricos debates internos que los pueblos indígenas de tierras bajas tuvieron desde 1986 sobre diversas temáticas.
La Marcha por el Territorio y la Dignidad fue resultado de un largo y complejo proceso de articulación política, discursiva e identitaria de comunidades y cabildos indígenas del Beni, la misma se gestó a partir de tres conflictos territoriales. El 16 de agosto la marcha parte de Trinidad rumbo a La Paz, con 300 marchistas de los pueblos movima, yuracaré, mojeño y sirionó del Beni; en el camino se incorporaron guaraníes de Chuquisaca, matacos del Chaco, tacanas del Norte de La Paz, mosetenes del Alto Beni y urus chipayas del Altiplano, hasta superar los 800 marchistas.
La lucha por el reconocimiento del territorio del Salar de Uyuni puede remontarse a 1932. En ese año los ayllus lograron que el gobierno reconozca los títulos reales hispánicos de “Composición de Tierras” de acuerdo a la ley de 1883. En 1950 estos mismos títulos fueron validados mediante protocolo notariado; esto significó que el Estado reconocía al Salar de Uyuni como “propiedad privada” de los pobladores campesinos indígenas de Lípez. Por último, en 1953 no permitieron que el Consejo Nacional de Reforma Agraria parcele la propiedad de las tierras comunales, a través de la entrega de títulos individuales. A pesar de estos antecedentes de lucha por el reconocimiento territorial, en 1974 el gobierno de Banzer declaró al Salar de Uyuni y sus recursos minerales como “reserva fiscal”, lo que le otorgará al Estado una propiedad de facto sobre la zona y el derecho legal de explotar o dar en concesión la explotación de todos los recursos naturales en él contenidos. Con la apertura a la explotación privada de los recursos naturales promovidas por el neoliberalismo, en 1985 el Gobierno de Víctor Paz inició negociaciones con la transnacional minera Lihco Inc. para la explotación de litio en el Salar de Uyuni. Fue el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) quién llevó a su término estas negociaciones con la firma de un contrato de explotación con esta transnacional.
El 11 de enero de 1986, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) presentó el “Plan trienal de lucha contra el narcotráfico”, enmarcado dentro la política antidroga norteamericana. El plan disponía la interdicción y erradicación de coca excedentaria, siendo sus principales objetivos: 1) reducir el precio de la coca; 2) erradicación forzosa de cultivos ilegales, 3) evitar nuevas áreas de producción. Otro aspecto controversial de la propuesta era la consideración de la hoja coca como sustancia peligrosa y la masticación como uso indebido de drogas. La aplicación del plan trienal, movilizó a los productores de hoja coca y se organizaron las primeras acciones de protesta. Como resultado de las acciones de protesta y las negociaciones, en cuyo proceso se produce la muerte de dos campesinos y la detención de varios cocaleros, se firma un acuerdo entre el gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y las Federaciones de productores de coca, denominado plan integral de desarrollo y sustitución de cultivos (PIDYS), y el compromiso de analizar el tratamiento de la hoja de coca fuera del régimen de sustancias controladas. Ante el incumplimiento gubernamental de los acuerdos, en junio de 1988, cocaleros del Chapare reiniciaron sus movilizaciones, exigiendo una legislación para la coca, separada a la referida al tráfico de drogas. Este episodio, alcanzó su punto más elevado de represión, durante el cerco por parte de efectivos de UMOPAR a cocaleros, hecho que dio lugar a la masacre de Villa Tunari; que provocó la muerte de 16 cocaleros, algunos alcanzados por balas y otros que perdieron la vida ahogados, intentando escapar por el río próximo al lugar de los hechos. Frente a lo sucedido en Villa Tunari, productores de coca de Yungas, COB, CSUTCB, iglesia, oposición parlamentaria y organismos de DDHH, apoyaron y reconocieron las demandas cocaleras. Presión, que llevó al gobierno a reiniciar el diálogo, del cual se logró un nuevo compromiso para analizar el tratamiento de la coca fuera del régimen de sustancias controladas. A pesar de este pasaje, el gobierno con apoyo de la embajada norteamericana, en julio de 1988, aprueba la Ley del régimen de coca y sustancias controladas “Ley 1008”, incumpliendo así, acuerdos anteriores.
En el marco de la reforma tributaria implementada en Bolivia a partir de la promulgación de la Ley N°843 del 20 de mayo de 1986, se creó el denominado impuesto a la propiedad rural que fue el detonante más importante de la primera movilización campesina por la tierra y el territorio durante la época neoliberal. El impuesto a la propiedad rural era parte central del proyecto de “modernización” agraria impulsada por el gobierno, bajo el nombre de “Agropoder” y lo que buscaba era liquidar el minifundio a partir de la presión fiscal ejercida contra los campesinos minifundistas quienes se verían obligados, por la carga tributaria, a vender sus tierras. Sin embargo, ante la presión de la movilización campesina que provocó la medida, el gobierno tuvo que posponer el pago del impuesto rural hasta 1987 y luego cancelarla definitivamente.
Este proyecto representa el planteamiento campesino e indígena más importante y radical de transformación estructural de la cuestión agraria en Bolivia. Respecto de la temática de la tierra, el proyecto se sustenta en dos principios centrales: 1) la tierra es para quien la trabaja personalmente y 2) el trabajo asociado y colectivo es base del derecho sobre la propiedad de la tierra. Por su parte, sobre la temática del territorio el proyecto no genera una propuesta explícita.
En el Segundo Congreso Nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesino de Bolivia (CSUTCB) realizado en La Paz en 1983, por primera vez fue planteada la demanda de un Estado Plurinacional. Sin embargo, los antecedentes que permitieron madurar esta idea se remontan a finales de los años 60 con la emergencia del katarismo. El katarismo construyó un discurso político de interpelación al carácter colonial y excluyente del Estado, basado en la recuperación de la “memoria larga” de las sublevaciones de fines del siglo XVIII lideradas por Tupaj Katari; de donde tomaron su nombre. Inicialmente se trató de una corriente política restringida a ciertos círculos aymaras de la ciudad de La Paz; pero en poco tiempo, logró imponerse en la central sindical campesina local, luego en la provincial y, posteriomente, en la federación campesina de La Paz para finalizar en la Confederación Nacional de Campesinos de Bolivia (CNCB) en 1971. La Tesis Política aprobada en el Segundo Congreso Campesino Nacional realizado en 1983, amplió la tesis política aprobada en 1977 y ratificada en 1979; incorporando la noción de lo plurinacional: “No queremos parches ni reformas parciales, queremos una liberación definitiva y la construcción de una sociedad plurinacional, que manteniendo la unidad del Estado, combine y desarrolle la diversidad de las naciones aymara, quechwa, tupiguaraní y de todas las que la integran. No puede haber una verdadera liberación si no se respeta la diversidad plurinacional de nuestro país y las diversas formas de autogobierno de nuestros pueblos”.
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