Juicio a 10 acusados de delitos por lesa humanidad, en la provincia de La Pampa, Argentina.
Created by iTextual on Jul 20, 2010
Last updated: 04/25/11 at 02:49 PM
Omar Aguilera y Roberto Constantino, dos de los nueve acusados por el juicio de la Subzona 14, pidieron a través de su abogado Oscar del Campo no permanecer más en la sala de audiencia del Tribunal Oral Federal. La solicitud, prevista en el artículo 366 del Código Procesal Penal, les fue concedida. Por eso, en esta audiencia fueron retirados.
Juan Carlos Tierno -ex asesor letrado, que recopiló las primeras denuncias por secuestros y torturas, en 1983 y 1984- denunció en la Fiscalía Federal por "encubrimiento" al director del diario La Arena, Saúl Santesteban. Le endilgó dos cuestiones: que, en 1976, en plena dictadura militar, no haya denunciado en su periódico que había visto a un ex diputado, Roberto Gil, que había sido torturado mientras estaba secuestrado. Y también, posterior a ese hecho, que haya ensalzado al ex jefe de la Policía pampeana, Luis Baraldini. Es decir, a criterio de Tierno, defendió a Baraldini pese a saber de las torturas sufridas por Gil. Esta revelación de Santesteban se produjo en la segunda jornada del juicio
Los acusados no quisieron declarar, en el inicio del juicio. Fabio Iriart, enfermo, quedó excluido del juicio.
El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa rechazó liberar a los 10 ex militares y ex policías que deben sentarse en el banquillo de los acusados por el juicio de la Subzona 14. Los jueces José Mario Tripputi y Eugenio Krom firmaron tres resoluciones. Dos en rechazo a sendos recursos de reposición de los defensores de los acusados. Uno de los recursos había sido presentado por Hernán Vidal, quien pidió la libertad de su defendido Néstor Greppi. El otro recurso, del defensor Oscar del Campo, pedía también la liberación de los otros nueve detenidos: el ex coronel Fabio Iriart (el único con prisión domiciliaria) y los ex policías Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Carlos Reinhart, Athos Reta, Oscar Yorio, Hugo Marenchino y Néstor Cenizo. A su vez, el TOF rechazó el pedido de prescripción de la causa que había presentado la defensa de Greppi.
Se decretó el procesamiento con prisión preventiva de Athos Reta, Roberto Oscar Fiorucci, Carlos Alberto Reinhart, Néstor Bonifacio Cenizo, Roberto Esteban Constantino, Omar Aguilera, Antonio Oscar Yorio, Hugo Marenchino, Roberto Escalada, Fabio Carlos Iriart, Néstor Omar Greppi y Oscar Cobuta (quien falleció posteriormente).
Luis Baraldini se fugó cuando se reabrió la causa que investiga los secuestros y torturas cometidas en la provincia durante la dictadura. Ello ocurrió luego que quedaran anulados los indultos dictados por el presidente Eduardo Duhalde que, entre otros, beneficiaron al ex coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín y al líder guerrillero Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, ambos condenados a reclusión perpetua por sus responsabilidades en el alzamiento militar de diciembre de 1990 y el copamiento al cuartel de La Tablada de enero de 1989.
El Congreso de la Nación dictó la nulidad de la leyes de Punto Final y Obediencia Debida a través de la Ley 25.779 que impulsó la reapertura y profundización de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Las llamadas “megacausas”, la que investiga los delitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército y la de la Escuela de Mecánica de la Armada, se retrotrajeron a 1987 cuando las actuaciones fueron “congeladas” con la aprobación de la leyes del perdón. Poco después la Cámara Federal resolvió la reapertura de la causa de la Subzona 14, un desprendimiento de la causa “madre” del Primer Cuerpo, por torturas y detenciones ilegales.
Baraldini, ex jefe de la Policía pampeana en la dictadura, ya en democracia fue uno de los oficiales "carapintadas" que encabezaron la sublevación organizada por el coronel Mohamed Alí Seineldín. Su misión fue ocupar el Regimiento de Patricios, del barrio porteño de Palermo. Fue condenado por el hecho y cumplió prisión en Campo de Mayo, en Buenos Aires, hasta que fue indultado por el ex- presidente Eduardo Duhalde en 2002.
La Cámara Federal decretó la prisión preventiva rigurosa de varios oficiales procesados por el delito de tormentos en forma reiterada en jurisdicción de La Pampa. Pero la causa contra los represores pampeanos finalmente quedó cerrada por la sanción de la ley de Obediencia Debida (ley 23.521) en 1987 y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 21 de julio de 1988, declaró extinguida la acción penal en aplicación de la ley 23.492, o de Punto Final.
El gobernador Rubén Marín dispuso en agosto de 1985 la exoneración de las filas policiales de Constantino, Aguilera, Gualpas, Fiorucci, Reta, Reinhardt y Cenizo.
Uno de los primeros actos del gobierno de Rubén Marín fue ordenar por decreto, el 20 de diciembre de 1983, la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en La Pampa durante el régimen militar por parte de oficiales de la policía provincial. Por otro, reincorporó a la administración pública a los empleados cesanteados durante el gobierno de facto. La causa 65/84 se inició a través de una nota de Marín dirigida al presidente del Superior Tribunal de Justicia, por medio de la cual remitió los elementos documentales recopilados en la esfera del Poder Ejecutivo acerca de eventuales trasgresiones y violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del día 24 de marzo de 1976 en el territorio provincial.
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Luis Baraldini deja la jefatura de la Policía de La Pampa. El diario La Arena, que tuvo periodistas detenidos, lo elogia en una recordada editorial. La gestión de Baraldini, expresó en ese momento el periódico, estuvo signada por la "prudencia" y ajena a la violencia de otros lugares del país.
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Se produjo el traslado de un grupo de seis presos calificados como “peligrosos” fuera de la provincia a la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut.
El 14 de julio de 1976 se produjo el operativo más espectacular ocurrido en La Pampa en el marco del terrorismo de Estado. Fuerzas militares y policiales coparon la localidad de Jacinto Arauz, tomaron el Instituto Secundario José Ingenieros y detuvieron a numerosos vecinos.
Fue arrestado el ex gobernador Aquiles Regazzoli, que llegó para sumarse al resto de sus hombres en la Colonia Penal por “averiguación de antecedentes”, según la información oficial. También sería detenido su hijo José Alberto. El ex mandatario fue interrogado, aunque no torturado. Uno de los ex detenidos recordó una anécdota del viejo dirigente, cuando en la planta superior de la Seccional Primera, con la cabeza bajo la capucha, les contestaba a cada pregunta que le hacían sus inquisidores dirigiendose a ellos como “Mirá Fiorucci…” o “Mirá Yorio…”. Eran policías a los que él conocía perfectamente . El ex gobernador recuperaría su libertad el 7 de junio, pero quedaría bajo arresto domiciliario hasta mediados de octubre del ’76.
Estudiante, fue ferozmente torturada. Luego de ser liberada, fue obligada a refugiarse en el campo de sus padres, en Winifreda.
Con el Golpe Militar, a la madrugada se iniciaron las primeras detenciones en Santa Rosa. Entre otros, los directores de los diarios La Capital y La Arena, Nelson Nicoletti y Saúl Santesteban, respectivamente. Ese día también fueron detenidos el dirigente universitario de la FAUDI José Mendizábal; el secretario general de los empleados municipales, Miguel Maldonado; la hija del gobernador, Zelmira Mireya Regazzoli, docente y funcionaria del Instituto de Previsión Social, y su esposo, Victorio Vlasich, empleado del Banco Hipotecario. En Pico, entre otros, la represión recayó en los alumnos y profesores de la Universidad Tecnológica Nacional. Según “El Informe 14”, cayeron detenidos Walter Neher, Carlos Llinás, Mario Llinás, Luis Barotto, Eduardo Oporto, Juan Reucci, Jorge Giussani, José Leguizamón, Jorge Canciani, Miguel Guinda, Hugo Clavería, Francisco Tineo, Graciela Espósito, Zelma Rivoira, Rosa Audisio, Raquel Barabaschi, Marcelino Vergara, Oscar Odetti, Carlos Brunengo, los hermanos Enrique y Rosalind Gancedo, Francisco Cortada, Osvaldo Gómez, Irma Guerra, Pedro Bellardo y Rubén Beccaría. En la capital fue capturada el 7 de abril Stella Marys Barrios. En Pico también cayó el ministro de Obras y Servicio Públicos, Santiago Covella; y los diputados del Frejuli, Hermes Accátoli y Roberto Gil. Otro apresado fue el locutor radial y profesor del ciclo secundario Hugo Ferrari.
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